Un operativo ejecutado por comandos de la Interpol en un suburbio de París, en octubre del año pasado, terminó siendo la base para que la Registraduría detectara una seguidilla de falsificaciones que les permitió a criminales de alcance internacional nacionalizarse como colombianos.En ese momento, en la capital francesa, fueron capturados 6 venezolanos que tenían pasaporte colombiano y hacían parte de una banda de apartamenteros que recluta en Suramérica a sus militantes –aprovechándose de las duras condiciones de vida que hay en el país vecino– y opera en lujosas regiones de Europa.
Los agentes de Interpol le pidieron a Colombia, a través de Migración y Registraduría, que revisara la idoneidad de los pasaportes, pues las huellas dactilares de los capturados no coincidían con los registros de identidad que legalmente se comparten entre varios gobiernos del mundo.
El requerimiento llegó vía diplomática y se pudo establecer que estas 6 personas usaron mecanismos ilícitos para obtener documentación colombiana, que –entre otras cosas– permite acceder a un pasaporte que exime de visa a quien ingrese a más 95 países, entre ellos los de la Unión Europea.
“El material destinado a la obtención de cédula de ciudadanía por primera vez está fundado en que los registros civiles de nacimiento tenían un origen notablemente irregular”, dice el expediente, en poder de EL COLOMBIANO.
Esto llevó a que la misma Registraduría ordenara depurar los 295.150 registros de identidad colombiana concedidos a ciudadanos extranjeros, lo que arrojó –según información conocida por este diario– un total de 43.000 registros con alguna irregularidad.
De hecho, se encontraron ciudadanos provenientes de Venezuela rebautizados como Amer Al Refaee o Ahmad al Hariri, quienes con esos nombres de procedencia árabe resultaron con cédula y pasaporte colombiano.
Si bien en la última depuración terminaron colateralmente afectados ciudadanos que no tienen ningún antecedente y el organismo electoral reconoció que aceptará la revisión de 800 casos que solo tenían sospecha de suplantación, entre los registros tumbados sí se detectaron personas con cargos que van desde sicariato hasta terrorismo.
Además –en tan solo dos semanas–, se procedió a la judicialización de por lo menos 150 de estos casos y, por lo mismo, a la apertura de expedientes penales y disciplinarios para 12 registradores y notarios que se prestaron para facilitar la expedición irregular de documentación de identidad colombiana. Es cuestión de días para que se ejecuten sus capturas, se reciban pedidos de extradición desde Estados Unidos y se triangule nueva información compartida por organismos de inteligencia de al menos 4 países.
En ese contexto, la misma Fiscalía confirmó que en operativos adyacentes a estos nuevos expedientes se ordenó la captura de 7 integrantes de una red dedicada a “falsificar colombianos”, lo que les permitió a ciudadanos chinos, cubanos, rusos y hasta europeos tener documentación nacional.
“Entre los detenidos hay dos funcionarios de la Cancillería, quienes habrían asesorado a la red y, en algunas oportunidades, tramitaron directamente algunas visas. Uno de los servidores, Giovanny Angulo Ariza, se desempeñó como auxiliar de la misión diplomática en el consulado de Colombia en Barinas (Venezuela). El otro, Javier Mauricio Carrasco Ceballos, era oficial de visas en la sede norte de la Cancillería en Bogotá”, precisó el organismo investigador.
EL COLOMBIANO estableció con fuentes judiciales que en este caso los investigadores trabajan con los funcionarios de Cancillería en métodos de colaboración, porque existe información de que podría haber más trabajadores del organismo diplomático salpicados en esta actividad ilegal. En especial, de acuerdo con el dosier que construyen las autoridades, se están haciendo pesquisas digitales y en terreno en las oficinas de pasaportes de gobernaciones –en especial en la región Caribe–, pues ahí estaría el foco corrupto.
