El pasado 4 de mayo, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, compartió su “extrema preocupación por la brutal respuesta del Esmad en las protestas en Colombia”, y le pidió al presidente Iván Duque desescalar el conflicto, un mensaje que fue replicado en muchos medios y en redes sociales.Al reclamo de Meeks se sumaron las voces de otros representantes, como Jim McGovern e Ilhan Omar, así como la de la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos, que exigen poner fin a la represión policial en el país. La senadora del Congreso de Florida, la colombiana Annette Taddeo, urgió al presidente Duque a parar la violencia contra civiles.
“Las autoridades de cualquier país tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos y pido al presidente Duque que comunique claramente que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable”, manifestó Taddeo. Incluso el republicano Mario Díaz-Balart aseguró que está “profundamente preocupado por la violencia que está ocurriendo en Colombia, incluyendo la trágica pérdida de vidas”.
Pero fue el representante McGovern, quien tiene una relación especial con Colombia y ha pedido priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, quien envió el mensaje más sonoro: “Estas protestas pueden afectar las ayudas por parte de Estados Unidos”.
Lo que McGovern quiso decir es que, si la situación no cambia y se detienen las violaciones a derechos humanos por parte de la Policía, Estados Unidos suspendería el apoyo a la fuerza pública colombiana aplicando la Ley Leahy.
Organizaciones en Estados Unidos como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió un comunicado a comienzos de esta semana, en la que señala que el ESMAD “no debe recibir asistencia de Estados Unidos, ya que tiene un historial atroz de cometer graves violaciones de los derechos humanos con impunidad.
Cualquier ayuda al ESMAD probablemente sea y deberá seguir siendo considerada una violación de la Ley Leahy, la cual prohíbe la financiación estadounidense a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos. WOLA recomienda firmemente que se suspenda la venta de materiales antidisturbios a Colombia hasta que se demuestre una adhesión más estricta a los procedimientos adecuados para la desescalada y el uso de la fuerza letal y no letal”.
La ley Leahy es un mecanismo que tiene el Congreso para vigilar qué se está haciendo con la asistencia que brinda Washington a otras naciones. Estados Unidos no entregará, según la ley, asistencia logística o militar a unidades en el extranjero si el Departamento de Estado descubre que estas han incurrido en violaciones a los derechos humanos y no se han tomado correctivos. Este mensaje fue el más notorio, pero ¿cuál es su alcance e impacto realmente?
En primer lugar, que Estados Unidos tome medidas podría tardar meses. Esta no es la primera vez que se escucha que un congresista pide retirar o suspender los fondos enviados a Colombia. En 2020, para no ir lejos, el senador Patrick Leahy dijo que los recursos para el país peligraban debido al escándalo por el espionaje a periodistas colombianos por parte de unidades militares de inteligencia y contrainteligencia.
