
En momentos en los que en el país se vive un debate alrededor de la reforma pensional, nuevamente el tema de los jubilados que tienen megapensión del erario, que equivale a 25 salarios mínimos (un poco más de 21 millones de pesos) vuelve al centro del ruedo.
Y máxime cuando ha trascendido que dentro de los excongresistas pensionados hay más de 20 que aunque pagaron condenas por diversos delitos, que van desde homicidio, parapolítica, concierto para delinquir y hasta apoderarse de dinero público, no tienen ninguna restricción para recibir cada mes su consignación.
Claro que también hay otro importante grupo que todavía está a la espera de que se le resuelva su situación jurídica y otros que terminaron exonerados en procesos ante la justicia.
Y todos reciben su pensión sin ningún tipo de restricción, simplemente porque la ley no establece que cuando haya una condena de por medio o una investigación se debe congelar o reducir la mesada. Simplemente hay que pagarla.
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Por ser la pensión un derecho, a nadie se le puede recortar, solo cuando media una decisión judicial por conceptos de alimentos o por un proceso ejecutivo (embargo).
Con las cosas así, para aquellos que en su momento estuvieron en el Congreso, e incurrieron en delitos, la ley no impone ninguna restricción para el pago de su mesada.
Por eso, el asunto llama particularmente la atención en momentos como los que vive hoy el país, en los que se está hablando de la necesidad de tramitar una reforma tributaria ante las necesidades fiscales que existen.