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POLITICA
En Colombia, la gestación subrogada o “alquiler de vientres” opera en un limbo legal, lo que ha permitido la expansión de un negocio lucrativo y desregulado que pone en riesgo los derechos de mujeres gestantes y recién nacidos.
🔹
Riesgos y consecuencias
- Sin legislación ni mecanismos de control, los bebés
pueden quedar abandonados, sin
nacionalidad o expuestos a trata de personas.
- Las gestantes, muchas veces mujeres o personas trans
jóvenes en situación de vulnerabilidad, enfrentan secuelas físicas, emocionales y jurídicas.
- El proceso puede costar entre 17 y 19 millones de pesos en Colombia,
mientras que en países como EE. UU. supera los 60.000 dólares.
🔹 Falta de
regulación y control
- No existen cifras oficiales ni seguimiento estatal,
lo que impide dimensionar el
fenómeno y garantizar derechos.
- La Corte Constitucional ha pedido al Congreso
legislar desde 2009, pero los avances han sido escasos. El debate actual
se enfoca en el componente contractual y no en la protección de las personas involucradas.
🔹 Alerta
jurídica
Expertos advierten que, sin regulación, Colombia corre el riesgo de convertirse
en epicentro de tráfico de personas
disfrazado de turismo reproductivo.
También preocupa el destino de bebés con discapacidad, que en algunos casos han
sido rechazados por los padres contratantes.
🔹 Opciones
para el país
Según académicos, Colombia debe decidir si prohíbe esta práctica con políticas públicas eficaces o la regula estrictamente, garantizando los
derechos de gestantes y menores.
La profesora Rosa Guio concluye que la actual situación promueve un comercio de seres humanos encubierto como
contrato legal.
🔹 Panorama
internacional
Mientras países como Francia, Alemania
e Italia prohíben la gestación subrogada, otros como Ucrania, India, EE. UU. y México la
permiten, aunque con diversos niveles de regulación. Los riesgos se evidencian,
por ejemplo, en Ucrania, donde decenas de niños quedaron sin nacionalidad por
la guerra.
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