En la mañana del martes 9 de mayo, 13 fiscales de Iberoamérica firmaron un documento en el que rechazan los ataques del presidente Gustavo Petro Urrego, contra el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
Entre los nombres que revela la carta se encuentran: Juan Lanchipa Ponce (Bolivia), Augusto Aras (Brasil), Ángel Valencia Vásquez (Chile), Carlo Díaz Sánchez (Costa Rica), Diana Salazar Méndez (Ecuador), Rodolfo Antonio Delgado Montes (El Salvador), María Consuelo Porras Argueta (Guatemala), Javier Caraballo Salazar (Panamá), Emiliano Rolón Fernández (Paraguay), Liz Patricia Benvidez Vargass (Perú), y Juan Gómez (Uruguay).
“Leo textualmente, artículo 115: el presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. Por tanto, como jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado (...) El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”. Con esa cita de la Constitución mencionada por el presidente Gustavo Petro inició el fuerte cruce de declaraciones con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
Fueron exactamente cuatro momentos en menos de una semana que desembocaron en la fuerte discusión mediática entre el fiscal y el presidente:
1. La denuncia replicada por Petro
Durante su visita de Estado a Portugal, el presidente se refirió a una denuncia acerca de una presunta negligencia en las investigaciones correspondientes a un listado con 200 hombres que habrían sido asesinados por el Clan del Golfo. Al respecto, cuestionó al fiscal General y al funcionario delegado, Daniel Hernández, sobre el avance de estas pesquisas.
Barbosa aseguró que el trino de Petro Urrego puso en riesgo la vida de Hernández, pues en la publicación fijada en Twitter por el mandatario apareció el hijo del fiscal delegado. “Quiero recordarle al presidente, porque parece que se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por paramilitares”, aseguró el fiscal General.
Ante esa afirmación, tanto Barbosa como Petro insistieron en que Hernández debía ser protegido al igual que su familia, debido a la gravedad de lo aseverado en la publicación hecha en primera instancia por La nueva prensa.
2. La respuesta de Petro y la cita de la Constitución
El 5 de mayo, el presidente volvió a llamar la atención de Barbosa, a quien señaló de evadir la pregunta hecha en la publicación compartida sobre los presuntos crímenes cometidos por las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC–. También, cuestionó si José –Ñeñe– Hernández financió una campaña presidencial al mismo tiempo que integró un grupo criminal sobre el que no fueron emitidas órdenes de captura.
“¿La fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el “ñeñe Hernández: y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos? ¿El ñeñe Hernández financió una campaña presidencial y hacia parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la fiscalía sin ordenes de captura. ¿Es cierto que no existen órdenes de captura?” Preguntó Petro.
Horas más tarde, hizo la declaración que detonó tanto en las duras respuestas del fiscal como en el contundente llamado de la Corte Suprema de Justicia.
3. “Gustavo Petro fue elegido presidente de la República y no como dictador”: Barbosa
Ese mismo día, el fiscal General de la Nación arremetió en su contra y en rueda de prensa aseguró que estaba desconociendo lo que realmente plantea la Constitución y la ley.
“Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia”, dijo al respecto. De paso, dijo que esa aseveración configuraba una afrenta a la separación de poderes y la independencia de la Rama Judicial respecto del Ejecutivo y el Legislativo.
4. El llamado de la Corte Suprema y el ‘mea culpa’ de Petro
También durante el viernes 5 de mayo, el alto tribunal compartió un pronunciamiento en el cual recordó que el fiscal General no tiene superiores jerárquicos, pues este también ejerce como magistrado de una alta corte.
Al respecto, Fernando Castillo Cadena, presidente del órgano judicial, dijo que el jefe de Estado cayó en una interpretación errónea del artículo 115 de la Constitución de 1991 “porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.
Al día siguiente, sábado 6 de mayo, Petro Urrego publicó en horas de la mañana una carta en la que reconoció su error. Sin embargo, reiteró que el fiscal debe acogerse a la Carta Magna de 1991 y en ese orden, debe entregar respuestas concretas sobre las denuncias que fueron la manzana de la discordia entre ambos.
“Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público”, dijo el jefe de gobierno en su pronunciamiento.
FUENTE: INFOBAE