Normativa mantiene lineamientos que
vienen de 2003 en la cual se permite incidir por encima de los municipios en
ciertas obrasEsta semana el Ministerio de Vivienda expidió el Decreto 1232 del 2020,
el cual, entre otras cosas, actualiza la regulación de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y causó cierto sin sabor en algunos sectores,
que dicen que centraliza más el poder y les quita la toma de decisiones a las
regiones
La normativa permite que esta jerarquía desde el Gobierno Central se dé
en el marco de 11 definiciones de temas de desarrollo urbano que deben ser
tenidos en cuenta por las gobernaciones y los municipios, y si bien expertos
dicen que esto solo es aplicable para tres casos de proyectos, como vivienda y
acueducto, hay quienes señalan que la letra menuda, y sobre todo, el vacío que
tiene la norma de negar expresamente poder usarla en desarrollos como los
mineros, abre un boquete de inseguridad para las regiones
Sin embargo, el jefe de esa cartera, Jonathan Malagón, explicó que es un
Decreto, “el cual modifica el marco regulatorio de los POT, con el fin de
facilitarle el proceso de actualización a más del 85% de los municipios del
país”.
De hecho, citaban artículos del Decreto como uno en el que se menciona
que “los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios y distritos, en ningún caso serán oponibles a la ejecución de
proyectos, obras, o actividades (...)”.
Es decir, que la Nación podría adelantar intervenciones aún por encima
de lo que se establece en los POT. No obstante, Gustavo Guerrero Ruiz, director
del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia
(Ceplac), señaló que “esta no es una norma nueva, viene del Decreto 2201 de
2003. Establece y reglamenta una Ley de 1997 de los POT. Se refiere a una
figura que es determinante de los planes de ordenamiento, y se trata de
decisiones de ‘Superior Jerarquía’ que deben ser respetadas”.
El jurista detalló que precisamente desde 2003, está que el Gobierno
puede incidir en la ejecución de proyectos por encima de los POT, solo si estos
priman en los intereses de la Nación, y únicamente si tienen que ver con obras
de infraestructura vial, servicios públicos, y vivienda (o desarrollo urbano).
“Pero también, el Consejo de Estado aclaró luego de que saliera el Decreto de
2003, que aunque son obras que puede ejecutar directa o indirectamente el
Gobierno, prevalecerán sobre los POT. Pero no se pueden involucrar otras
categorías como la minería”, agregó Guerrero.
Este último punto, el de minería era uno que preocupaba a
ambientalistas, pero se aclaró que el alcance del Decreto no impone proyectos
de ese tipo.
Por eso mismo, el ministro Malagón también aclaró que “el Decreto no cambia
nada en términos de competencias de los municipios, se respeta por completo su
autonomía. Además, no se otorga ninguna facultad nueva al Gobierno Nacional. Lo
que hacemos es clarificar procedimientos y contenidos que le generaban
problemas a los mismos municipios, alargando los tiempos de la actualización”.
Desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron que el decreto
1232 realiza un mejoramiento del procedimiento y contenidos para realizar
ajustes al POT en fases como, diagnóstico; formulación; implementación y
seguimiento y evaluación. "Precisa la información cartógrafica requerida
para el proceso y define los las reglas para la revisión y modificación de los
planes de ordenamiento territorial. Logra dar claridad técnica y jurídica sobre
cómo proceder en la construcción de la planeación territorial municipal",
apuntaron.
Además, añadieron que "es importante decir que este decreto va a
ser aplicado solamente por los alcaldes del país por competencia. Aclarando que
los análisis al POT deben hacerse teniendo en cuenta el contexto
regional", y alertaron que le marco del decreto permite que haya un
"proceso participativo y transparente".
Pero pese a estas lecturas positivas, fuentes cercanas a LR dijeron que,
las autoridades de control están revisando el Decreto, pues como dijo el
abogado Rodrigo Negrete, la norma “sí profundiza la centralización”, haciendo
referencia a que el Decreto no es claro sobre las actividades que no pueden
primar por encima del POT como la minería, lo que para él “debería dejarse
claro”.
