Las nuevas disposiciones buscan agilizar el traslado de recursos, recuperar servicios esenciales, respaldar a los municipios afectados y facilitar la participación del sector privado en las obras de reconstrucción.La medida pretende facilitar que los territorios con mayor capacidad financiera puedan contribuir a las necesidades de las zonas que enfrentan mayores daños.
Más alternativas de financiación para municipios afectados
Los municipios que sufrieron las consecuencias del terremoto tendrán nuevas posibilidades para fortalecer temporalmente sus finanzas.
Entre las medidas se contempla la posibilidad de reorganizar determinadas rentas, acceder a créditos de hasta el 15 % de los ingresos corrientes y conservar la totalidad de la sobretasa al ACPM, con el propósito de disponer de mayores recursos para atender la emergencia.
Recursos para salud y obligaciones pensionales
El paquete también incluye medidas relacionadas con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).
El Decreto 1383 amplía los tiempos para adelantar determinados trámites y permite utilizar excedentes del componente de salud para apoyar la recuperación de infraestructura sanitaria afectada.
La disposición busca atender tanto compromisos pensionales como necesidades de reconstrucción de centros asistenciales.
Cambios temporales en las entidades públicas
La emergencia también tendrá efectos en la organización del trabajo estatal.
El Decreto 1384 faculta a las entidades públicas para adoptar modificaciones temporales en horarios, implementar trabajo en casa y conformar plantas de personal de carácter temporal.
Además, establece la suspensión de determinados concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil hasta el 31 de diciembre de 2026, como parte de las medidas excepcionales adoptadas durante la emergencia.
Información estadística para identificar a las familias afectadas
Para mejorar la identificación de los hogares damnificados, el Decreto 1385 establece una excepción temporal frente a la reserva de determinada información estadística administrada por el DANE.
El propósito es facilitar procesos de georreferenciación, caracterización y censo de las personas y familias afectadas, información que será utilizada para orientar las decisiones relacionadas con la atención y reconstrucción.
Educación: espacios alternativos y ajustes al calendario
El impacto sobre la infraestructura educativa también quedó incluido en el paquete de medidas.
Los decretos 1386, 1387 y 1388 establecen herramientas para mantener la prestación del servicio educativo mientras se recuperan las instituciones afectadas.
Las autoridades podrán utilizar espacios alternativos que cumplan condiciones de seguridad, modificar temporalmente los calendarios académicos y adoptar medidas para evitar que inconsistencias derivadas de la emergencia en los registros educativos terminen afectando la asignación de recursos.
De esta manera, se busca mantener la continuidad de las actividades escolares mientras avanzan las obras de recuperación.
Empresas podrán aportar a través de Obras por Impuestos
El último de los 11 decretos amplía las posibilidades de participación empresarial en la reconstrucción.
El mecanismo de Obras por Impuestos podrá utilizarse en los municipios declarados en emergencia, sin que sea necesario que estos pertenezcan a las categorías territoriales que tradicionalmente habilitan este instrumento.
Las empresas que cumplan las condiciones establecidas podrán destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos de infraestructura en las zonas afectadas, incluyendo obras relacionadas con vivienda, educación, salud y vías.
La norma establece además una prioridad para municipios de categorías 5 y 6, con el objetivo de dirigir una parte importante de estos recursos hacia localidades con menor capacidad fiscal.
Un paquete enfocado en la reconstrucción
Los 11 decretos conforman una estrategia que combina recursos públicos, herramientas financieras, flexibilización administrativa y participación privada.
El Gobierno busca que estas disposiciones permitan reducir los tiempos de respuesta y facilitar la ejecución de proyectos en los territorios que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.
Según el balance citado por el Gobierno con corte al 9 de septiembre, la emergencia había afectado a 296.738 familias y 466.709 personas, mientras que se reportaban daños en viviendas, centros de salud, instituciones educativas, vías, aeropuertos, acueductos y puentes.
Con este paquete normativo, el Ejecutivo pretende pasar de la atención inmediata de la emergencia a una etapa de recuperación y reconstrucción, con instrumentos específicos para cada uno de los sectores más afectados.
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