La iniciativa representa una inversión superior a $6,3 billones, de los cuales cerca de $1 billón será destinado a la primera fase, por orden presidencial. Este esfuerzo interinstitucional será liderado por el Ministerio de Defensa, con la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, integrados en el nuevo Grupo de Drones y Antidrones.
La estrategia se desarrolla sobre tres líneas principales: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Su objetivo es garantizar el control efectivo del espacio aéreo, proteger vidas humanas y anticiparse a las amenazas emergentes que representan los drones en escenarios de conflicto y delitos.
Como parte del proceso de ejecución, se han definido rigurosos criterios para la presentación y evaluación de propuestas técnicas, económicas y jurídicas. Entre estos se incluyen la contratación directa con fabricantes o sus representantes legales, con acompañamiento de los países de origen de dichas compañías, la actualización permanente del software y equipos, y la capacitación de instructores en operación y mantenimiento.
El proceso también contempla que las pruebas de los sistemas se realicen en condiciones operacionales propias del territorio colombiano y bajo estrictos criterios de transparencia institucional. El Ministerio de Defensa convocó a empresas interesadas y a representantes de otros estados a una reunión explicativa para dar a conocer los lineamientos de la convocatoria y los términos de referencia del proceso.
Con información del ministerio de Defensa

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