Con la finalización de las operaciones de la compañía a finales de 2024, más de 147.000 bienes —entre terrenos, maquinaria, equipos e inventarios— fueron oficialmente transferidos al Estado colombiano en condiciones de operatividad, fortaleciendo el patrimonio público y la capacidad del país para administrar sus recursos naturales.
La presidenta de la ANM, Lina Franco, calificó este proceso como “una tarea histórica que ha requerido coordinación técnica y jurídica de alto nivel, así como un compromiso absoluto con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública”.
El trámite tuvo origen en 2021, cuando Prodeco presentó su renuncia a los títulos de explotación de carbón en las minas La Jagua y Calenturitas, ubicadas en el departamento del Cesar. Desde entonces, la ANM ha adelantado un seguimiento continuo, con la participación activa de la Contraloría General de la República, que emitió controles preventivos y advertencias para garantizar el adecuado manejo de los activos.
En respuesta, la agencia implementó acciones correctivas y reforzó la coordinación con otras entidades del Gobierno nacional, especialmente con las autoridades ambientales, para asegurar que las decisiones sobre el uso de estos bienes contribuyan al desarrollo económico del Cesar y a la reparación social de las comunidades mineras afectadas por el cierre de las operaciones.
La ANM destacó que este resultado representa un avance en la construcción de una minería responsable y sostenible, orientada a la transparencia, la protección del medio ambiente y la recuperación de la confianza ciudadana.
“Estamos demostrando que la gestión pública puede ser rigurosa, moderna y enfocada en el bienestar colectivo”, afirmó Franco, quien también aseguró que el proceso servirá como referencia para futuras transiciones mineras en el país.
Redaccion: Lumacastereo

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