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JUDICIAL
El Gobierno nacional ordenó la suspensión de licencias de operación a cinco empresas de vigilancia privada con sede en Barranquilla, tras detectar graves incumplimientos normativos y posibles nexos con estructuras criminales.
La medida fue
adoptada por la Superintendencia de Vigilancia, con apoyo del Ministerio de
Defensa, Policía y Fiscalía, como parte de una estrategia para prevenir el uso
ilegal de armas por parte del crimen organizado.
Las empresas
suspendidas operaban con 696 personas, 21 vehículos y 483 armas en
departamentos de la región Caribe. Se detectaron irregularidades en control de
armamento, selección de personal y situación financiera. El armamento fue
trasladado bajo custodia oficial.
Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en el sector de seguridad privada.
FUENTE : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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