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NACIONAL
En cumplimiento de la Ley 2346 de 2024, a partir del 1 de julio de 2025 las alcaldías y gobernaciones del país asumirán la responsabilidad de proveer la alimentación a las personas privadas de la libertad que se encuentren en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Esta función venía siendo asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. No obstante, según lo estipulado en la nueva normativa, el plazo para que la USPEC continúe con esta responsabilidad finaliza el 30 de junio de 2025.
La medida busca descentralizar la atención humanitaria de las personas detenidas de manera transitoria en estas instalaciones, y al mismo tiempo fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, a fin de mejorar las condiciones de reclusión en estos espacios que no están diseñados para detenciones prolongadas.
Con esta disposición legal, los entes territoriales deberán garantizar el suministro oportuno, suficiente y con estándares adecuados de los alimentos a esta población, lo cual representa un nuevo reto presupuestal y logístico para alcaldes y gobernadores, especialmente en regiones con altos índices de hacinamiento.
Las autoridades nacionales han reiterado la necesidad de que las administraciones locales avancen en la preparación de planes de atención, en articulación con la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los organismos de control, para asegurar el cumplimiento efectivo de esta obligación a partir de la fecha señalada.
Esta transformación hace parte de una serie de ajustes normativos dirigidos a mejorar el sistema penitenciario y carcelario del país, respetando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
📌 Con información del Ministerio de Justicia y del Derecho.
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