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jueves, diciembre 09, 2021

La historia del “articulito censurador” de la ley anticorrupción en el Senado

Todo comenzó con la plenaria del Senado del 27 de octubre. Ese día, hace casi dos meses, en el Congreso se debatía el proyecto de ley anticorrupción “por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. Este contaba con el apoyo del Gobierno y los organismos de control.

El ponente del proyecto para el Senado, Germán Varón, le explicó a sus compañeros de recinto las modificaciones y propuestas en materia fiscal, disciplinaria y penal con un objetivo noble: prevenir actos de corrupción, reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y recuperar los daños ocasionados.

Sin embargo, en medio de ese debate sobre 67 artículos, surgió de repente una proposición firmada por varios senadores que no dejaba claridad en los propósitos anticorrupción. Varios de sus autores quedaron mencionados en la grabación que encontró La FM de la transmisión de ese debate.

En la voz del ponente Varón, se señalaron los nombres de quienes firmaron la proposición para ampliar las penas de injuria y calumnia solo para quienes cometan  los delitos contra funcionarios del Estado o sus familias, y la suspensión de la personería jurídica. Es decir, blindaje especial. Eduardo Pacheco de Colombia Justa Libres; Abraham Jimenez de Cambio Radical; Temistocles Ortega de Cambio Radical; Efrain Cepeda del Partido Conservador; Ana María Castañeda de Cambio Radical; Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal; Guillermo García Realpe del Partido Liberal; Esperanza Andrade del Partido Conservador; y Gabriel Velasco del Centro Democrático.

La proposición textual aprobada fue: “Persecución a funcionarios públicos. El que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta a ciento veinte meses y multa de trece punto treinta y tres a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

¿Y las firmas de la proposición? Pocas legibles. Algunos senadores que apoyaron la creación de ese artículo en el proyecto anti corrupción fueron cautos y dejaron su firma con un trazo confuso que hace imposible leer sus nombres.

A esa proposición inicial, también en el Senado, decidieron agregar la de la suspensión de la personería jurídica. Pero en el texto no se refieren a organizaciones comunitarias, veedurías y ONG como explicó el representante César Lorduy. Se refieren a organizaciones ciudadanas. ¿Qué es una organización ciudadana? Puede ser cualquier cosa.

Lo más grave es que ese artículo con ambas aristas, ampliación de penas y suspensión de personería jurídica, quedó aprobado en el Senado desde el 27 de octubre por unanimidad. Es decir que no hubo una votación uno a uno con los más de 105 senadores, sino que una vez establecido el quórum se preguntó si alguien se oponía a esta proposición. Ningún senador de Colombia lo hizo.

En la Cámara se cayó el de ampliación de penas y quedó solo el de la suspensión a personería jurídica, con una diferencia en términos que también deja un vacío. Organizaciones comunitarias, según la Cámara, versus organizaciones ciudadanas, según el Senado. Lo que sigue es que debe haber una conciliación de ambos textos. Solo queda adoptar uno de los dos y luego estará en manos del presidente Duque su promulgación y la revisión de la Corte Constitucional. Mientras tanto los senadores que firmaron para que no se entendiera su firma, siguen tranquilos fuera del foco de la discusión.

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