La Contraloría abrió proceso fiscal contra los gobernadores de Tolima y Guainía. En un nuevo reporte sobre los avances en las investigaciones que se están desarrollando por la contratación en el marco de la pandemia de coronavirus, la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía entregaron sus resultados.
La Contraloría General informó que abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por un presunto detrimento de 2.212 millones de pesos
A Orozco la Contraloría lo investiga por presuntos sobrecostos en dos contratos para suministrar kits de alimentos y de aseo y por el pago de mayores valores, así como gastar más dinero en una intermediación que era innecesaria en un contrato para divulgar campañas sobre el coronavirus.
Uno de esos contratos investigados se firmó el 26 de marzo pasado con la empresa Sierra Pineda S.A.S. Mientras los kits costaban en total en el mercado, según los precios de referencia del DANE, unos 4.002 millones, el gobernador pagó en el contrato 5.154 millones de pesos, para un presunto sobrecosto en ese caso de 1.151 millones.
El segundo contrato por el que es investigado Orozco se firmó el primero de abril con la firma Enred Gropu S.A.S, por 5.000 millones de pesos. En ese caso, los sobreprecios serían de 827 millones.
El tercero proceso en su contra tiene que ver con un contrato con la empresa Leon Gráficas S.AS., en el que se habría causado un presunto detrimento de 143 millones de pesos. En esa investigación, la Contraloría dijo que la labor que desempeñó el contratista puede calificarse como "una mera intermediación en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello".
Pese a esto, asegura la investigación, la gobernación decidió tercerizar ese proceso y reconocerle al contratista mayores valores entre un 38 y 55 por ciento que "no están justificados".
Incluso, señala la Contraloría, en algunas de las pautas se exaltaba la figura del gobernador y nada tenía que ver con la promoción de la salud y prevención del coronavirus. Así, había cuñas de un minuto que nombraban el nombre de Orozco tres veces.
Pero además de estos casos, el organismo aseguró que abrió procesos de responsabilidad fiscal, también por presuntos sobrecostos, contra el alcalde de Cartagena, Willliam Dau Chamat, por un detrimento que sería de 193 millones.
También se abrió un proceso fiscal contra el gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, por un presunto daño al erario de 112 millones en la compra de víveres.
La Contraloría también abrió investigaciones fiscales por sobrecostos en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres en Casanare, por 236 millones, así como del municipio de Girardot por 54 millones, y la alcaldía de Chiriguana (Cesar) por 24 millones.
