La Registraría adelanta un proceso de contratación por 120 mil millones de pesos, para la operación y logística de las elecciones de los Consejos Locales, Municipales y Distritales de la Juventud.
Esta será la primera vez que en Colombia se llevará a cabo este tipo de elecciones, en las que por ley, los jóvenes entre los 14 y 18 años votarán para escoger quiénes serán sus representantes en la definición de políticas públicas para esta población.
Sin embargo, Sigue la W conoció varias irregularidades que se estarían presentando en el proceso de contratación, las cuales afectarían la posibilidad para que varios oferentes se presenten.
La primera inconsistencia tiene que ver con la publicación de los pliegos que se hicieron, aparentemente, a la medida de un contratista, ya que según la oferta, sólo pueden participar empresas que hayan hecho procesos electorales en los últimos ocho años y ese requisito solo lo logra la firma Thomas Greg.
También se denuncia una presunta cartelización ya que, a pesar de que la Registraduría envió la cotización a cada una de las firmas interesadas, las empresas Thomas Greg, Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., Indra y ASD S.A., presentaron su propuesta como una unión temporal, argumentando que cubren la totalidad de los requisitos exigidos por lo que se descalificaría a los otros competidores.
La irregularidad más grave tiene que ver con presuntos sobrecostos del contrato que costará 120 mil millones de pesos para un total de 15 mil puestos de votación; mientras que las pasadas elecciones de alcaldes y gobernadores costaron 288 mil millones de pesos y tenían instaladas 107 mil mesas.
Esto significa que la instalación de cada mesa, que incluye transporte de todo el material, recolección y transmisión de datos, impresos, tecnología para bases de datos y operación de las mesas, costará 7 millones de pesos frente a los 2.5 millones de pesos que costó la misma logística en las pasadas elecciones.
Además, el proceso se está realizando bajo la modalidad de selección abreviada, argumentando que se trata de una situación que afecta la seguridad nacional y por ende, no se hizo una licitación pública.
Finalmente se cuestiona que este proceso se haya abierto justo después de decretada la emergencia sanitaria en el país y aunque proceso electoral se aplazó para marzo de 2021, el próximo 5 de junio se le entregaría al contratista un pago anticipado de 25 mil millones de pesos que representan el 20% del total del contrato.