Investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario aseguró que vínculos entre los dos países no pueden ser mediados por episodios coyunturales
La ausencia de relaciones consulares entre Bogotá y Caracas afecta a miles de colombianos en Venezuela y a millones de venezolanos en Colombia, aseguró Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo impacta el caso Merlano la relación entre el presidente de Colombia Iván Duque y el de Venezuela Nicolás Maduro?
RONAL RODRÍGUEZ: Es un episodio más de una larga lista que viene del mismo ascenso de la revolución bolivariana. Desde el tiempo de Hugo Chávez, Colombia ha identificado que Venezuela se ha convertido en un espacio en el cual la delincuencia logra refugiarse y eso, a lo largo de estos 20 años, provocó tensiones en uno u otro momento.
Lo que llama la atención de este caso es que se ve que la corrupción política está de fondo y Aída Merlano significa mucho en cuanto a la lucha contra la corrupción en temas electorales.
ENS: ¿Qué riesgo implica la posibilidad de establecer relaciones consulares con el gobierno de Maduro debido a que esto puede ser una legitimización de la dictadura?
RR: Yo creo que el presidente Duque tiene un discurso político que ha permeado la política exterior colombiana, pero hay que ver que las relaciones consulares van mucho más allá que la postura del Gobierno en una coyuntura específica. Es decir, las relaciones consulares no se toman en función de este evento que se da con Aída Merlano, sino que se deben recomponer en función de los 3,4 millones de ciudadanos colombianos que están en Venezuela que requieren el apoyo del estado colombiano y que son víctimas de la dictadura venezolana.
Vale la pena preguntarse de las ejecuciones extrajudiciales que se han dado en Venezuela –que superan las 13.000 entre 2017 y 2018, y que llegan casi a las 17.000 si uno suma las de 2019–, si entre estas ejecuciones extrajudiciales hay ciudadanos colombianos que fueron ejecutados por la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), que hacen parte del informe de violación de derechos humanos que entregó la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y que el Estado colombiano no puede hacer nada ni documentar los casos, porque no tiene presencia consular en territorio venezolano y particularmente nuestros ciudadanos están a la deriva en ese territorio.
