Washington, D.C. - En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, observado el 15 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los Estados a reconocer y proteger sus derechos humanos y a garantizarles una vida libre violencia.
Para ello, la Comisión insta a los Estados de la región a reconocer la situación de las mujeres y niñas en zonas rurales, a abordar sus necesidades específicas y a tomar las medidas necesarias para erradicar decisivamente la violencia y la discriminación que continúan enfrenando.
La Comisión observa que a nivel mundial y con pocas excepciones las
mujeres rurales encuentran mayores desafíos para el pleno goce de sus derechos,
en comparación con los hombres rurales y con las mujeres y hombres urbanos. En
las Américas, la pobreza y la exclusión les afectan de manera desproporcionada.
A su vez, las mujeres rurales enfrentan a una discriminación sistemática en el
acceso a la tierra y a los recursos naturales. Asimismo, ellas soportan la
mayor parte de la carga de trabajo no remunerado en los hogares, debido a roles
estereotipados asignados a su género, y aún cuando tienen un empleo formal,
desempeñan con mayor frecuencia trabajos inseguros, peligrosos, mal remunerados
y no siempre cubiertos por garantías sociales.
Su acceso a agua, a educación y
a servicios de salud es también limitado, a la vez que persisten barreras para
su acceso a servicios bancarios, administrativos y de documentación civil.
En el ámbito internacional, se ha abordado progresivamente la situación
de las mujeres rurales como una forma de dar visibilidad a sus necesidades y a
su diversidad.
En nuestra región, esta diversidad se expresa por las
actividades que desarrollan: son mujeres agricultoras, recolectoras,
pescadoras, o desarrollan sus actividades en el medio rural.
“Las mujeres
rurales también tienen interrelaciones culturales y territoriales que las
definen como tales y muchas de ellas son también mujeres indígenas y
afrodescendientes.
Sin embargo, sus derechos y sus necesidades no han sido aún
plenamente atendidas por los Estados de la región y aun cuando existen leyes o
políticas que tienen en cuenta su situación, a menudo no se aplican” afirmó la
Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH.
En materia de violencia y discriminación con las mujeres y niñas, la
Comisión advierte que corren riesgos adicionales de ser víctimas de violencia a
causa de la persistencia de actitudes discriminatorias subordinándolas a los
hombres, sumada a los desafíos que enfrentan para acceder efectivamente a la
justicia, y a la impunidad y tolerancia social que caracterizan estos actos.
Las mujeres y niñas corren un riesgo especial de sufrir actos de violencia, de
explotación, trata y acoso cuando dejan sus comunidades para buscar trabajo en
las ciudades. Además, en situaciones de conflicto, las mujeres de zonas rurales
se ven particularmente afectadas por desplazamientos forzados y por actos de
violencia basados en su género, incluyendo asesinatos y violencia sexual.
“En nuestra región, la justicia resulta en gran medida inaccesible para
las mujeres rurales cuando se combinan prácticas y marcos jurídicos
discriminatorios con falta de información, con escasez geográfica de instancias
de atención y con ausencia de servicios apropiados cultural y
lingüísticamente,” observó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora
sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.
“El acceso a la justicia, así
como a servicios básicos de educación, salud, agua y a aquellos servicios para
ejercer plenamente su ciudadanía han de serles garantizados siguiendo criterios
de integralidad y proximidad, con perspectiva de género y de forma
intercultural,” concluyó la Comisionada Macaulay.
La Comisión hace un llamado a los Estados de la región a reconocer la
situación de las mujeres en zonas rurales y a abordar sus necesidades
específicas para garantizarles el pleno goce de sus derechos. Para ello, los
Estados han de tomar las medidas necesarias en los ámbitos legislativo,
normativo, institucional y presupuestario, tanto a nivel local como a nivel
nacional, para atender las dificultades de acceso a servicios básicos que ellas
enfrentan, contribuir a su empoderamiento político y económico, y para
erradicar decisivamente la violencia y la discriminación en su contra.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta
de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la
materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan
sus países de origen o residencia.
