El alto tribunal analiza si la medida cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción, entre ellos la existencia de hechos sobrevinientes, graves e imprevisibles que justifiquen el uso de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo.
Durante el proceso de revisión, la Corte ha recibido conceptos de distintos sectores económicos, políticos y jurídicos que han expresado posiciones encontradas sobre la legalidad y conveniencia del decreto. Mientras algunos defienden la urgencia de las medidas para garantizar la estabilidad financiera del Estado, otros advierten que el mecanismo podría estar reemplazando competencias propias del Congreso de la República.
La decisión que adopte el tribunal tendrá efectos directos sobre las normas expedidas al amparo de la emergencia, así como sobre la estrategia del Gobierno para enfrentar los desafíos fiscales de la vigencia 2026. De ser avalado el decreto, las disposiciones extraordinarias continuarían vigentes; en caso contrario, podrían perder validez.
Fuentes judiciales indican que el fallo se produciría antes de finalizar el primer trimestre del año, lo que mantiene la expectativa en los sectores político, económico y empresarial frente al alcance de la determinación de la Corte.
Con la información de LAFM

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