El Congreso de la República aprobó la ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, marcando un hito en la política de seguridad nacional y en la protección de los derechos humanos en Colombia.Tramitada bajo los proyectos 156 de 2024 en el Senado y 579 de 2025 en la Cámara de Representantes, la iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Defensa y parlamentarios del bloque progresista, con respaldo del presidente Gustavo Petro. El Jefe de Estado ha calificado el fenómeno del mercenarismo como una “forma moderna de trata de personas”, que convierte a jóvenes vulnerables en mercancías para la guerra.
Una ley que transforma la política de seguridad nacional
La legislación crea una estructura jurídica robusta para sancionar a quienes lideren redes dedicadas al reclutamiento, financiamiento, entrenamiento o empleo de mercenarios. De manera paralela, protege a quienes fueron engañados o forzados a participar, reconociéndolos como víctimas de organizaciones criminales transnacionales.
La aprobación se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la presencia de colombianos en conflictos internacionales, como el caso reciente en Sudán, que evidenció la existencia de redes que operan desde el país para vincular exmilitares y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad a escenarios de guerra.
Supervisión reforzada a empresas de seguridad privada
Uno de los componentes centrales de la norma es el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia sobre compañías de seguridad privada.
Según el Gobierno, algunas de estas firmas han actuado como empresas fachada para reclutar colombianos con contratos ambiguos que terminan involucrándolos en acciones bélicas en el exterior.
La ley permite al Estado identificar, investigar y sancionar a estas organizaciones, además de coordinar acciones con autoridades internacionales para frenar su operación transfronteriza.
Un enfoque restaurativo y de protección a las víctimas
El texto legal incorpora una visión humanitaria:
- No penaliza a quienes fueron reclutados mediante engaños, coerción o abuso de necesidad.
- Reconoce que muchos colombianos vinculados al mercenarismo son víctimas de redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad económica y social.
- Enfoca la responsabilidad penal exclusivamente en los reclutadores, entrenadores y financiadores.
Compromiso con la paz y el derecho internacional
El presidente Gustavo Petro destacó que “una democracia no puede permitir que sus jóvenes sean usados como piezas descartables en guerras extranjeras”, y afirmó que esta medida refuerza el compromiso de Colombia con la paz, la soberanía y el respeto al derecho internacional.
La ratificación de la Convención también fortalece los mecanismos de cooperación judicial con otros países y facilita procesos de extradición contra reclutadores que operan desde el exterior.
Retos para la implementación
Pese a su importancia histórica, el Estado reconoce que el principal desafío será garantizar la correcta aplicación de la norma. Para ello será necesario:
Fortalecer los sistemas de control y vigilancia estatal.
Robustecer la supervisión sobre empresas de seguridad privada.
Crear programas sociales que ofrezcan alternativas reales para exmilitares y jóvenes en riesgo de ser reclutados.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron la aprobación de la ley, destacando que representa un golpe contundente contra la economía criminal del mercenarismo, que durante décadas operó con altos niveles de impunidad.
Redaccion: Lumacastereo
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