Mediante una circular conjunta expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAF), el Gobierno nacional estableció los lineamientos para el cumplimiento de las restricciones y prohibiciones contempladas en la Ley de Garantías, vigente desde el pasado 8 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026.El contenido de esta norma fue presentado por Mariela Barragán, directora de Función Pública, en La Agenda, la rueda de prensa semanal promovida por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República. En esta sesión participaron 35 periodistas y generadores de contenido de 17 municipios pertenecientes a 11 departamentos del país.
Durante su intervención, Barragán explicó que la Ley de Garantías, con dos décadas de existencia, se diseñó para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar que las jornadas electorales se desarrollen en condiciones igualitarias y transparentes, tanto para los electores como para los candidatos.
En esta ocasión, la aplicación de la ley tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los deberes del Estado dentro del proceso electoral que se llevará a cabo en 2026, incluyendo las elecciones al Congreso de la República y los comicios presidenciales previstos entre el primer y segundo trimestre del próximo año.
La Directora de Función Pública destacó que esta normativa regula el comportamiento del Estado durante el periodo electoral, evitando abusos de poder, legitimando el libre ejercicio del voto, fortaleciendo la transparencia, promoviendo la rendición de cuentas, incentivando la participación ciudadana, y garantizando equidad y justicia sin discriminación ni favoritismos. Además, resalta el respeto por las instituciones y fomenta la confianza ciudadana en ellas.
En la circular emitida por el Gobierno se establece que entre los meses de enero, febrero, marzo y abril no podrá realizarse ningún tipo de contratación directa de personal nuevo en las entidades públicas de la Rama Ejecutiva. En consecuencia, la nómina se congela: no habrá nombramientos ni despidos injustificados, y no podrá modificarse la planta de personal.
Sin embargo, Barragán aclaró que esta limitación para crear nuevos cargos contempla excepciones en casos de urgencia o necesidad imperiosa, siempre que su ausencia pueda paralizar o afectar gravemente la administración pública.
Asimismo, la Directora enfatizó que durante este periodo “tampoco se podrán inaugurar obras públicas, cortar cintas, por ejemplo. Eso no lo pueden hacer. No podrán utilizar inmuebles para actividades proselitistas”. Estas medidas buscan evitar abusos en el uso del poder por parte de funcionarios públicos.
Finalmente, Barragán recordó que “los funcionarios del Estado no podemos intervenir en política y hay sanciones expresas y determinadas en el Código Único Disciplinario para aquellos servidores que no cumplan estas normas”.
Redaccion: Lumacastereo
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