El Ministerio del Interior ha incrementado el presupuesto para la protección de colectivos, con un aumento del 400% en los recursos para la Dirección de Derechos Humanos, y ha establecido 16 Mesas Territoriales de Garantías. Además, la policía ha llevado a cabo 16 acciones operacionales en diversas regiones afectadas por agresiones a líderes ambientales.
El Gobierno reconoce los desafíos derivados de conflictos socioecológicos y trabaja en la construcción de una Política Pública Integral de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, en la que han participado cerca de 1000 líderes de diferentes regiones del país.
La protección de defensores ambientales en Colombia ha sido una prioridad para el Gobierno debido a los riesgos que enfrentan por conflictos socio ecológicos, narcotráfico y economías ilícitas. La implementación de políticas y el fortalecimiento de la seguridad para estos líderes son acciones clave para garantizar su seguridad y preservar el medio ambiente, un compromiso reafirmado por el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo de Escazú.
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