Según lo indicado por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, cerca de 4.500 mujeres, de las 17.000 actualmente privadas de la libertad en el país, podrían beneficiarse de esta medida. La Ley 2292 de Utilidad Pública, la primera con enfoque de género en Colombia, permite que estas mujeres contribuyan a la sociedad a través de actividades con impacto social mientras permanecen en libertad, atendiendo a sus familias.
Hasta la fecha, 73 internas ya cuentan con decisiones favorables para cumplir su condena mediante servicios comunitarios, y se han presentado más de 2.000 solicitudes ante los jueces de ejecución, sin registrarse casos de reincidencia. El viceministro destacó el apoyo de jueces, entidades públicas y fundaciones que han contribuido a la implementación de esta medida, subrayando los avances en ciudades como Medellín y Bucaramanga, así como en el departamento de Antioquia, donde 18 mujeres ya están ejecutando en libertad servicios de utilidad pública.
Esta iniciativa representa un desafío significativo para el país, proponiendo un cambio del enfoque punitivo tradicional hacia uno de justicia restaurativa, humanizando y dignificando a las mujeres beneficiarias de la ley, y ofreciéndoles una nueva oportunidad de vida.
