La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar que involucra a varios altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, en relación con un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Entre los investigados se encuentran el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.La decisión de abrir esta investigación se produce en un contexto de creciente controversia tras la divulgación de videos y conversaciones de chat que presuntamente implican a estos funcionarios en una red de corrupción operativa dentro de la UNGRD. Estas revelaciones han intensificado el escrutinio público sobre la gestión de esta entidad y han puesto en duda la integridad de varios miembros del actual y anterior gobierno.
Uno de los primeros señalados en este caso fue el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, Velasco habría tenido un papel crucial en una reunión en la Casa de Nariño destinada a redirigir recursos desde el Congreso hacia la UNGRD. Además, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, ha sido mencionada como una intermediaria que supuestamente entregó dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también ha sido implicado en las acusaciones de López. Según estas declaraciones, Bonilla habría solicitado la adjudicación de contratos a congresistas a cambio de su apoyo a las reformas sociales del gobierno nacional. Se le atribuye, además, la autorización de dos adiciones presupuestales a la UNGRD por un valor de 1,4 billones de pesos, cuya justificación ha sido cuestionada. También se le señala de haber redirigido fondos para contratos relacionados con el ELN, supuestamente para mantener a flote los diálogos de paz.
Este escándalo ha sacudido al gobierno y ha generado un amplio debate sobre la corrupción y la transparencia en la administración pública. La Fiscalía General de la Nación continúa sus investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes
