El pasado martes 11 de junio, la Comisión VI de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley número 427, destinado a fortalecer el ecosistema del libro en Colombia. Esta decisión se tomó a pesar de la solicitud de cuatro importantes agremiaciones del sector editorial colombiano de archivar dicho proyecto.
Estos gremios argumentan que el proyecto de ley no refleja correctamente los intereses de los diferentes actores del sector, como autores, editoriales y librerías. Según comunicaron en un documento, consideran que sus sugerencias no fueron debidamente incluidas y que el proyecto actual no aborda adecuadamente la complejidad del sector. A pesar de mantener la disposición de continuar participando en los debates públicos, insisten en la necesidad de archivar el proyecto.
El sector editorial colombiano invita a la sociedad a participar en la discusión del Proyecto de Ley 427, aprobado en primer debate, para proteger la industria del libro y la lectura - crédito Alcaldía de Bogotá
Esta determinación ha generado reacciones mixtas. Por un lado, los voceros de la Comisión VI señalan la importancia del proyecto para actualizar la legislación vigente y fortalecer el sector. No obstante, las agremiaciones indican que muchos de los temas tratados en el proyecto de ley podrían solucionarse con planes y políticas implementadas por el Ministerio de Cultura, específicamente a través del Consejo Nacional del Libro, símbolo central de su sector.
Desde Infobae Colombia hablamos con el Ministerio de Cultura, representado por Adriana Martínez-Villalba García, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia y “la encargada de los temas literarios del Minculturas”.
Desde el Ministerio resaltan la importancia de reactivar el Consejo Nacional del Libro, un órgano que no ha funcionado en más de diez años. “Hoy tenemos dos Cámaras del libro, una de ellas, la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, conformada por 82 editoriales independientes, pequeñas y medianas de todo el país”, afirmaron desde esa cartera, enfatizando la necesidad de un enfoque inclusivo y participativo que considere la diversidad del sector, desde pequeños editores hasta librerías independientes.
La principal preocupación de las agremiaciones es que la aprobación de este proyecto de ley en su estado actual podría interferir con la reforma de la Ley General de Cultura, un proceso también en curso y que ha sido descrito como más participativo y estructurado.
“Confiamos plenamente en los conceptos y estructuras que se han expuesto hasta la fecha”, destacaron los portavoces gremiales, quienes manifiestan temor a que el proyecto de ley número 427 perjudique los esfuerzos dirigidos por el Ministerio.
El ministro de Cultura, Juan David Correa, que asumió su cargo en 2023, ha propuesto un trabajo organizado y serio alrededor de la citada reforma, buscando recoger las necesidades y vacíos de todos los sectores culturales en una sola ley. “Queremos presentar un solo proyecto de ley, el de la reforma a la ley general de cultura”, reiteró el Ministerio.
Las agremiaciones reivindican que, por primera vez, el Ministerio está dirigido por alguien con vasta experiencia en su sector, lo que les otorga mayor confianza en el proceso. “Nos sentimos en capacidad de poder recoger las voces de creadores, editores, libreros, distribuidores, etcétera, para que la ley abra sus campos de acción”, afirmó una representante del sector, resaltando la importancia de un acceso democrático a los libros y la lectura.