El presidente planteó una vez más, esta vez en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), que países como Colombia puedan reducir su deuda pública a cambio de acciones climáticas. Para cuidar la Amazonía, asegura Petro, se necesitan 2.500 millones de dólares por año. ¿Qué tanto eco tiene su idea?
Hay una idea que ronda con insistencia en la cabeza presidente Gustavo Petro: desarrollar acciones contra el cambio climático a cambio de deuda. Se trata de una propuesta que el mandatario ha llevado a diversos espacios internacionales: la Asamblea de las Naciones Unidas, la cumbre de París sobre finanzas climáticas, la COP 28, y las reuniones con el presidente de Estados Unidos. Esta semana se sumó un nuevo escenario: el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza.
“La Amazonía no necesita limosna; requiere de cambio de deuda pública por acción climática”, dijo el mandatario colombiano en un panel en el que también participaron el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; la la ministra de medio ambiente de Brasil, Marina Silva; el gobernador del estado brasileño de Pará, Helder Barbalho, y Fany Kuiru, perteneciente al pueblo huitoto de la Amazonía colombiana y experta en asesoría jurídica y política en los procesos de concertación.
Petro sostuvo ante el WEF que se necesita unos 2.500 millones de dólares al año “para lograr revitalizar el espacio ya deforestado y para mantener a través de los años la construcción de una bioeconomía”. El presidente aseguró que Colombia puede financiar las acciones climáticas que necesita la selva amazónica, un ecosistema que representa el 41,8 por ciento del territorio nacional.
“Para el caso colombiano lo que proponemos no es cooperación. Es que nosotros mismos podemos financiar la acción climática que se necesita para la selva, pero para ello necesitamos liberar nuestros propios recursos en la cuantía de 2.500 millones de dólares al año”, explicó.
Otros países, como Kenia y Francia, se han sumado a esta propuesta. En la COP 28, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático que se celebró en diciembre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), expertos de estas naciones acordaron crear un grupo de expertos para estudiar cómo la deuda que asumen los países les impide invertir en acción climática. Los investigadores también deben pensar en mecanismos que ayuden a los países a ajustar sus finanzas para responder a estas necesidades ambientales.
La idea es que, en menos de un año, se tengan estas conclusiones.
¿Qué se necesita para implementar esta propuesta?
Los canjes de deuda por acciones en pro de la naturaleza no son un invento de Petro. En el pasado se han hecho canjes con iniciativas privadas y públicas. En 1987 The Nature Conservancy (TNC) y World Wildlife Fund (WWF) trabajaron en esta propuesta con Bolivia. Colombia, entre tanto, ha hecho canjes con otros países, como Canadá, en 1992, y con Estados Unidos, en 1993 y 2004.
Recientemente, otros países como Zambia han presentado propuestas para canjear deuda por naturaleza.
La comunidad internacional y varios organismos multilaterales han recibido con buenos ojos propuestas de intercambiar deuda pública por acción climática, pues ya se han utilizado algunos mecanismos similares. Otra razón es que los niveles de deuda pública de los países se han elevado considerablemente tras la pandemia y se necesita reducirlos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, ha catalogado las propuestas de canje de deuda como innovadoras, y las reconoce como una manera de financiar a largo plazo políticas que permitan implementar medidas para mitigar el cambio climático y políticas de adaptación.
En Latinoamérica y el Caribe figuran los casos de Barbados, Bélice y Ecuador. En los últimos dos años, estos países lograron intercambiar deuda por acciones de naturaleza a través de “bonos azules”. Gracias a estos bonos de deuda externa, han conseguido mejoras crediticias o renegociar su deuda por una más barata y, desde forma, conseguir recursos para conservación de ecosistemas marinos. A cambio, los países generaron compromisos y medidas para la protección de estos ecosistemas.
Cifras del FMI muestran que esta transacción le permitió a Ecuador negociar 1.628 millones de dólares, además de generarse un compromiso de inversión -el préstamo azul - de 656 millones de dólares, en especial para financiar programas en las Islas Galápagos.
por : CAMBIO
