El exalcalde de Bucaramanga habría insultado e injuriado al gobernador, un diputado y el cuerpo de bomberos del departamento de Santander
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Cuatro casos en los que el excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez se refirió con calificativos negativos a diferentes personas le costaron ir a juicio en un proceso disciplinario en la Procuraduría. El órgano lo acusó formalmente de haber cometido presuntamente manifestaciones injuriosas y tratos irrespetuosos contra servidores públicos y particulares.
Aunque durante la campaña presidencial de 2022, en la que Hernández Suárez pasó a segunda vuelta, se disculpó con varias de las personas a las que insultó cuando fue alcalde (2016 - 2019), el Ministerio Público le formuló pliego de cargos por las diferentes manifestaciones que realizó en ese cargo en medios de comunicación.
Cuando fue mandatario de Bucaramanga, Hernández tenía un programa llamado “Hable con el alcalde” que se transmitía a través de Facebook. En ese espacio y en entrevistas con medios de comunicación, se habría referido con calificativos y ligereza sobre otros funcionarios y un ciudadano que para la Procuraduría podrían ser calificadas como faltas graves a título de dolo.
Los señalamientos injuriosos que revistieron interés para el Ministerio Público se hicieron en contra del entonces gobernador de Santander, Didier Tavera; el diputado del mismo departamento, Edgar Suárez Gutiérrez; el subcontralor de Bucaramanga para la época, Héctor Rolando Noriega, y el cuerpo de bomberos de la ciudad.
Adicionalmente de los comportamientos en contra de los funcionarios, también deberá responder por “presuntos tratos irrespetuosos” que realizó Hernández en contra del ciudadano Fernando Martínez Arenas, a quien llamó “vago sin sueldo”, dijo que “deberían mediarlo” y que “lo llevaran al médico”.
Por ese tipo de pronunciamientos, la Procuraduría considera que Hernández Suárez pudo afectar “los derechos de los servidores públicos a los que se refirió, al invadir incluso la esfera de su vida personal y familiar, sin respeto alguno de su intimidad, de su dignidad, buen nombre e imagen ante la comunidad, y sin considerar que, aun tratándose de funcionarios públicos, la información debía tener un mínimo de plausibilidad y cumplir con condiciones básicas de veracidad y credibilidad”.
