Si la situación de los indígenas wayús en el departamento de La Guajira ya era de por sí grave, la irrupción del covid-19 en el país la ha vuelto dramática, especialmente para los niños en esa comunidad.Eso sostiene un nuevo informe de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud de la Universidad de Johns Hopkins que fue hecho público este jueves y al que EL TIEMPO tuvo acceso.
En el informe, que es el producto de una investigación de seis meses, ambas entidades sostienen que los riesgos de desnutrición y muerte se han elevado, y piden al Estado tomar acciones inmediatas y urgentes para proteger los derechos de esta población vulnerable.
“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente.Esta situación ha contribuido a que durante años los wayús hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del covid-19”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La publicación, titulada ‘Un pueblo resiliente: el pueblo indígena wayú de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia’, está basada en más de 150 entrevistas con miembros y autoridades del pueblo wayú, exiliados venezolanos, funcionarios de la ONU y del Gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales.
De acuerdo con el estudio, la mala administración y la corrupción gubernamental sumada a la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de seguridad alimentaria y el acceso a la salud del pueblo wayú.
Según el estudio, si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de 5 años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira se ha incrementado en ese periodo y es seis veces más alta que el promedio nacional, y lo mismo sucede con los índices de desnutrición. Este alto número de muertes –dicen los autores– responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud.
“Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayús, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención”, dicen en el reporte.
Para estos, aunque el Gobierno ha implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, estos han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados. El reporte habla de una “corrupción generalizada en La Guajira” que menoscaba la ejecución de proyectos hídricos, programas de alimentación escolar y servicios de salud.
