Nueve militares han sido expulsados del Ejército por violación de niña embera

Entre ellos estaría el suboficial que denunció el hecho, el sargento Juan Carlos Díaz Díaz. “El reproche realizado corresponde precisamente a la falta de mando y control”, indicó el Ejército. El contraste de este caso con el de la adolescente nukak violada por militares el año pasado muestra que el Ejército no maneja siempre estos episodios con el mismo rasero.

El abuso sexual de una niña indígena 12 años a manos de siete soldados regulares del Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, perpetrado el pasado 22 de junio en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda), es un grave hecho que ha puesto al Ejército en la picota pública. Los uniformados involucrados van camino a ser condenados, pues el pasado 25 de junio, en la imputación de cargos, aceptaron su responsabilidad en lo ocurrido. Y el Ejército, tal parece, quiere hacer de este asunto un caso ejemplarizante. Por eso, hasta la fecha, ha expulsado de sus filas ya a nueve de sus integrantes, todos relacionados con este doloroso caso.

Primero fueron los siete soldados que participaron en el ataque sexual contra la niña que pertenece a la comunidad embera chamí que vive en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda), el pasado 22 de junio. Tres días después de que hubiera ocurrido este grave hecho y un día después de que lo hubieran denunciado públicamente los líderes del resguardo de la víctima, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, anunció la salida de los siete hombres de la institución “por la causal ‘decisión del comandante'”, señaló públicamente.

Luego vino el llamado a calificar servicios para el teniente coronel Wilson Caicedo Benavides, comandante del Batallón San Mateo de Pereira. Ocurrió el pasado 1° de julio, justo un día luego de que trascendiera un segundo caso de violencia sexual cuya responsabilidad recaía, de nuevo, sobre militares: el de una adolescente nukak makú de 15 años que, en septiembre de 2019, denunció haber sido abusada en el batallón de San José del Guaviare por dos dos soldados. La diferencia de ese caso con este es que ni Fiscalía ni Ejército han mostrado la misma celeridad: hasta la fecha no hay nadie sancionado. 

El oficial llevaba poco menos de seis meses de haber llegado al batallón y, temiendo que algo así podría ocurrir, el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, envió una carta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En la misiva, enviada el pasado 28 de junio, el mandatario regional le pidió a Trujillo que permitiera al teniente coronel Caicedo continuar en su cargo, pues a la fecha había ejercido cumpliendo “(con) los más altos valores democráticos y humanos”. Su súplica, sin embargo, de nada sirvió. Caicedo fue retirado del Ejército tras una carrera en él de más de 15 años.

El último llamado a calificar servicios vino, el pasado 1° de julio también, para el suboficial que justamente denunció la violación de la niña embera: el sargento Juan Carlos Díaz Díaz. Según la resolución de su retiro, la decisión se tomó el pasado 27 de junio, es decir, habían pasado cinco días desde que se cometió el abuso sexual. “El suboficial debe ser un modelo de ética, principios y valores”, dice el documento. “(Pero) los principios de lealtad, honestidad, transparencia, confianza, el honor militar y la buena prestación del servicio se han visto vulnerados por el por el sargento viceprimero” Díaz Díaz.