Roberto Menéndez, jefe de la misión de apoyo de la Organización de los
Estados Americanos al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA), urgió al gobierno
y a las autoridades indígenas a dialogar para enfrentar la violencia contra
líderes sociales que causó recientes masacres.
apilando muertos",
dijo a la agencia AFP Roberto Menéndez, tras presentar en Washington el último
informe del grupo regional que desde hace 15 años monitorea los esfuerzos de
pacificación de un país golpeado por décadas de conflicto armado.
El reporte del primer semestre
de 2019 documentó confinamientos y desplazamientos forzados, así como amenazas,
ataques y asesinatos de líderes comunales y defensores de derechos humanos,
reclutamiento forzado de menores y violencia política, todo "en contextos
de conflicto, criminalidad e inequidad alimentados por el narcotráfico".
Que el Estado llegue a todos
los territorios, los ocupe y se ocupe de ellos. La mayor violencia está donde
hay ausencia del Estado, o marcada insuficiencia de su presencia y accionar.
Hay unos 300 municipios (de los 1.200 que tiene Colombia) considerados como los
más afectados: en la región del Pacífico, buena parte de la frontera con
Ecuador y Venezuela, y la zona de los Llanos hacia la Amazonia.
Este fenómeno no es nuevo; la
MAPP ya alertaba de eso en 2009. Pero se disparó desde la firma de la
paz. ¿Por qué? Por las características de Colombia: una geografía compleja
que facilita la ilegalidad, una ausencia del Estado y una riqueza de recursos.
El Cauca concentra todo eso.
Tras los acuerdos se generó un
reacomodo de las actividades ilegales: con las Farc dejando el negocio del
narcotráfico surgió la disputa por el territorio, porque eso implica controlar
los cultivos -de amapola, marihuana y coca- y de sus rutas de salida. Todo eso
está dentro de los resguardos indígenas, que tienen autonomía concedida por la
Constitución. Con las Farc las relaciones eran más ordenadas. Pero con sus
disidencias, que ya no tienen las características ideológicas, ni los proyectos
políticos-electorales de la guerrilla, la relación es desde la perspectiva
mafiosa.
La cúpula civil del gobierno se tiene que sentar
con las autoridades indígenas, no con las ONG ni con las confederaciones que
hay en Bogotá, para definir una complicidad positiva. Se tienen que poner de
acuerdo en qué quiere decir la autonomía, qué debe hacer la fuerza pública, qué
debe hacer la guardia indígena. Nunca se han sentado a hablar de eso. Si no lo
hacen, vamos a seguir apilando muertos. Hay que ayudar al indígena a sacar a
los grupos criminales de su territorio y a dejar la coca. No es fácil, porque
los grupos criminales están enquistados ahí. El Frente 6 de las Farc tenía un
altísimo componente de indígenas reclutados.
