La seguridad de la identidad está bajo escrutinio. El uso irregular de datos de personas fallecidas plantea interrogantes sobre los controles que deben impedir que terceros actúen en nombre de ciudadanos que ya no pueden autorizar ningún trámite.COLOMBIA. ¿Qué tan seguros están los documentos y las firmas que respaldan contratos, solicitudes y operaciones digitales en el país? Esta pregunta cobra fuerza tras conocerse un reporte de aproximadamente 1.500 intentos mensuales de firma vinculados con cédulas de personas fallecidas, una situación que vuelve a poner en primer plano el riesgo de suplantación de identidad.
La alerta, divulgada por Noticias RCN con base en información de Portafolio, revela un desafío que va más allá de la tecnología: garantizar que quien intenta realizar una operación sea realmente la persona que dice ser y que tenga autorización para adelantarla.
El dato no significa que todos los intentos hayan terminado en fraude ni que exista una única organización detrás de ellos. Sin embargo, sí justifica una revisión rigurosa de los sistemas de autenticación y de la capacidad de las entidades para detectar operaciones sospechosas antes de que produzcan consecuencias legales o económicas.
Una identidad que no puede convertirse en puerta de entrada al fraude
La muerte de un ciudadano no elimina el riesgo de que sus datos personales continúen circulando. Una cédula, una fotografía o información extraída de registros puede ser utilizada indebidamente por terceros que buscan superar controles de identificación.
En un entorno donde cada vez más trámites se realizan a distancia, la validación no puede depender exclusivamente de los datos escritos en un documento. Las entidades necesitan mecanismos que permitan comprobar la identidad del solicitante, identificar inconsistencias y detener las operaciones que requieran una revisión adicional.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué está fallando cuando una solicitud de firma aparece asociada a la identidad de una persona fallecida?
Responderla requiere investigar cada caso, establecer si hubo intentos de engaño, determinar si los controles funcionaron y, cuando corresponda, identificar a los responsables.
La Registraduría reporta cancelaciones por falsa identidad
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que durante 2025 canceló 105 cédulas por falsa identidad y que, con corte al 10 de agosto de 2026, había cancelado otras 83 por la misma causal.
La entidad también ha fortalecido los mecanismos de reconocimiento facial y las alertas que permiten identificar inconsistencias en los procesos de expedición documental.
Estas cifras corresponden a cancelaciones por falsa identidad y no deben confundirse con los intentos mensuales de firma asociados a personas fallecidas. Son indicadores diferentes, pero ambos evidencian la importancia de reforzar la protección de la identidad y la vigilancia sobre el uso de documentos.
¿Quién responde si una identidad es utilizada sin autorización?
El desafío compromete a las entidades públicas, las empresas privadas, las plataformas de firma electrónica y las organizaciones que autorizan operaciones con consecuencias económicas o jurídicas.
No basta con detectar una irregularidad después de que un trámite ha avanzado. Los controles deben actuar oportunamente, conservar evidencia verificable y permitir que las autoridades investiguen los posibles delitos.
También es fundamental proteger a las familias de las personas fallecidas y a los ciudadanos cuyos datos puedan estar comprometidos. La información personal no puede convertirse en una herramienta para adquirir obligaciones, suscribir contratos o realizar operaciones sin consentimiento legítimo.
La exigencia: controles efectivos, investigación y resultados
Frente a esta alerta, las autoridades competentes deben esclarecer el alcance de los intentos reportados, establecer qué modalidades se están utilizando y explicar cómo se previene que una identidad comprometida sea aceptada en trámites sensibles.
La digitalización ofrece rapidez y comodidad, pero la confianza en estos servicios depende de que las verificaciones sean eficaces. Una operación realizada en segundos puede generar consecuencias que duren años si no se identifica correctamente a quien la autorizó.
La prioridad debe ser clara: proteger la identidad de los ciudadanos, impedir que los datos de los fallecidos sean utilizados de manera irregular y garantizar que las alertas se traduzcan en verificaciones e investigaciones cuando existan indicios de delito.
La identidad de una persona no puede quedar desprotegida después de su muerte. Y ningún sistema de firma debería dar por válida una operación sin contar con controles capaces de detectar inconsistencias y prevenir la suplantación.
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