Con más de 31 mil respaldos validados, el mecanismo de participación entra ahora en una etapa clave, en la que las autoridades electorales deberán analizar la viabilidad jurídica del proceso antes de una eventual convocatoria a votación.
Este tipo de iniciativas contempla una serie de filtros institucionales que buscan garantizar su legalidad y transparencia. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral tendrá la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Posteriormente, de cumplirse las condiciones, se emitiría el acto administrativo que permitiría convocar a los ciudadanos a las urnas para decidir la continuidad del mandatario local.
El avance del proceso refleja el uso de herramientas democráticas por parte de la ciudadanía, en un escenario donde aún restan decisiones determinantes por parte de las autoridades competentes.
Redaccion: Lumacastereo

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