En una audiencia pública ante la Corte Constitucional de Colombia, el Gobierno nacional defendió la necesidad de poner en marcha de forma efectiva la Jurisdicción Agraria y Rural, un sistema judicial especializado que busca resolver conflictos relacionados con la propiedad, el uso y la tenencia de la tierra en el país.Durante la intervención, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo que el acceso real a la justicia en el campo es una condición fundamental para reducir la conflictividad rural y avanzar en la construcción de paz en los territorios.
Según explicó, miles de disputas por tierras, límites de predios y derechos de campesinos siguen sin resolverse de manera oportuna, lo que genera incertidumbre jurídica y dificulta el desarrollo productivo en las zonas rurales.
La funcionaria pidió que se avance en los mecanismos que permitan poner en funcionamiento esta jurisdicción especializada, creada para atender los conflictos agrarios con jueces y procedimientos adaptados a la realidad del campo colombiano.
La Jurisdicción Agraria y Rural fue creada mediante reforma constitucional y está llamada a convertirse en una herramienta clave para resolver controversias sobre tierras, formalización de propiedad y acceso a la justicia para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Sin embargo, su implementación completa aún depende de ajustes legales y del avance de normas en el Congreso, lo que mantiene en discusión el alcance y funcionamiento del nuevo sistema judicial agrario.
El debate ante la Corte busca definir los pasos necesarios para que esta jurisdicción entre plenamente en operación y contribuya a resolver una de las problemáticas históricas del país: los conflictos por la tierra en las zonas rurales.
Ministerios de Justicia y Agricultura.
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