El anuncio sobre la vigilancia y control del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Meta ha generado cuestionamientos sobre las competencias reales de las entidades encargadas de garantizar la calidad de los alimentos.Aunque desde la administración departamental se asegura que existe un seguimiento permanente a más de 80 mil estudiantes beneficiarios en 28 municipios no certificados, expertos advierten que la inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos no recae directamente en estas instancias.
De acuerdo con la normatividad vigente, estas funciones corresponden a las secretarías de salud, que deben realizar procesos técnicos a través de profesionales especializados como ingenieros de alimentos y el apoyo de laboratorios de salud pública para análisis microbiológicos.
En ese sentido, el control efectivo del PAE no solo implica supervisión administrativa, sino también la toma de muestras, verificación de condiciones sanitarias y análisis técnicos que permitan garantizar la inocuidad de los alimentos.
Las críticas apuntan a que, en algunos casos, la comunicación institucional puede dar la impresión de un control integral que no necesariamente corresponde a las funciones legales de cada entidad.
El debate también pone sobre la mesa la necesidad de mayor claridad en la articulación entre sectores como educación y salud, para asegurar que los controles sean efectivos y no solo informativos.
Mientras tanto, el reto sigue siendo garantizar que los alimentos entregados a los estudiantes cumplan con los estándares de calidad, especialmente en zonas rurales donde los riesgos logísticos y sanitarios pueden ser mayores.
Redaccion: Lumacastereo
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