La suspensión temporal de la Emergencia Económica y Social, ordenada por la Corte Constitucional mientras se emite una decisión de fondo, generó incertidumbre sobre cerca de $165 mil millones que el Gobierno nacional esperaba recaudar por concepto de impuestos creados durante el estado de excepción.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que estos recursos provenían de gravámenes como el IVA del 19 % a la venta de licores nacionales, el Impuesto Nacional al Consumo, el IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados en línea y el impuesto del 1 % a la primera comercialización interna de carbón o hidrocarburos.
Según la cartera, estas obligaciones tributarias ya se habían causado hasta el 29 de enero, y su recaudo estaba programado para los meses de febrero y marzo de 2026, conforme al calendario tributario vigente. No obstante, la suspensión del estado de excepción pone en duda la posibilidad de recibir estos ingresos.
Frente a este escenario, el Ministerio señaló que el Gobierno deberá evaluar nuevas fuentes de financiación, fortalecer la eficiencia del gasto y adoptar medidas fiscales que permitan mitigar el impacto de la ausencia de estos recursos, con el propósito de no afectar la continuidad de programas sociales ni la prestación de servicios esenciales.
Hacienda recordó que, durante el tiempo en que estuvo vigente la Emergencia Económica, la Dian logró recaudar cerca de $1,65 billones, principalmente por la reducción de intereses y sanciones a contribuyentes en mora, beneficio al que accedieron aproximadamente 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros.
Adicionalmente, se recaudaron recursos por concepto del Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre la primera exportación de carbón o hidrocarburos, así como ingresos derivados del IVA a importaciones de licores. Estas medidas, según la entidad, permitieron mejorar el cumplimiento tributario y generar ingresos inmediatos para las finanzas públicas.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda reiteró que la suspensión de estas fuentes de financiación podría impactar sectores como salud y educación, por lo que el Gobierno nacional mantiene el compromiso de garantizar la protección de los derechos fundamentales y la estabilidad fiscal del país.
Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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