La decisión establece que quienes inicien su periodo legislativo no contarán con una prima especial que incrementaba de manera significativa sus ingresos mensuales. Según el Ejecutivo, esta medida responde a criterios de austeridad fiscal y a la revisión de beneficios que no constituyen una obligación permanente para el Estado.
El ajuste se enmarca en el actual contexto de control del gasto público y busca alinear la remuneración de los cargos de elección popular con las condiciones fiscales del país. El beneficio eliminado había sido incorporado años atrás y solo aplicaba para los miembros del Congreso.
Con este decreto, el Gobierno avanza en la redefinición de componentes salariales dentro del sector público, en medio del debate sobre equidad, sostenibilidad fiscal y uso eficiente de los recursos del Estado.
Redacción: Lumacastereo

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