El compromiso se formalizó luego de una reunión sostenida en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la participación de 17 mandatarios departamentales, en la que se aclararon los alcances de la norma y sus efectos fiscales. El decreto busca generar un recaudo adicional estimado en $2,5 billones para atender necesidades macroeconómicas del país.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que el encuentro permitió superar diferencias y garantizar la aplicación del decreto por parte de los departamentos. Señaló además que el Gobierno Nacional asumirá cualquier impacto negativo que pudiera presentarse en los ingresos territoriales, asegurando mecanismos de compensación si fuese necesario.
Frente a las inquietudes relacionadas con un posible aumento del contrabando y una eventual reducción en el consumo, el Gobierno anunció el fortalecimiento de las acciones de control, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
Por su parte, el Ministerio de Hacienda explicó que la estructura del impuesto garantiza que los departamentos no verán disminuidos sus recursos, ya que el componente adicional del gravamen será asumido por la Nación, manteniéndose el porcentaje correspondiente a las entidades territoriales.
El Gobierno y los gobernadores coincidieron en la necesidad de avanzar en mesas técnicas para evaluar el comportamiento del recaudo y reiteraron que el decreto se ajusta a lo establecido por la Corte Constitucional en materia de intervención fiscal en situaciones de impacto macroeconómico.
Finalmente, ambas partes informaron que presentarán sus argumentos ante la Corte Constitucional, que será la encargada de pronunciarse sobre la validez jurídica de la Emergencia Económica y Social y del Decreto 1474 de 2025.
información del Ministerio de Hacienda

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