Un reciente estudio desarrollado por la arquitecta Irma Arias Ruiz, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia, ha puesto en evidencia una problemática estructural en Bogotá: las viviendas de interés social (VIS), que deberían beneficiar a las familias de menores ingresos, están siendo adquiridas principalmente por sectores de ingresos medios y altos. Solo el 11 % de estas viviendas se adquieren con subsidios, mientras que el 89 % restante se obtiene a través de créditos convencionales, inaccesibles para quienes carecen de estabilidad económica.El incumplimiento de un derecho fundamental
La Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a una vivienda digna, pero este estudio muestra que dicho derecho sigue siendo un privilegio limitado. Las políticas públicas, aunque bien intencionadas, no logran llegar a las familias más necesitadas. Los subsidios, concebidos como la principal herramienta para facilitar el acceso a la VIS, son difíciles de obtener debido a requisitos que muchas familias vulnerables no pueden cumplir, como contar con ingresos formales y un contrato laboral estable.
Producción versus acceso: una brecha significativa
Entre 2004 y 2022, se licenciaron en Bogotá más de 722.000 unidades de vivienda, de las cuales el 50 % corresponden a VIS. Sin embargo, la mayoría de estas viviendas terminan en manos de sectores de clase media o inversionistas, dejando fuera a los hogares de menores ingresos. Según Arias Ruiz, esto se debe a que el acceso a la VIS está determinado por la capacidad de endeudamiento, excluyendo automáticamente a quienes carecen de ingresos formales.
Además, solo el 4,4 % de las viviendas licenciadas corresponden a viviendas de interés prioritario (VIP), dirigidas a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, lo que agrava la desigualdad en el acceso a vivienda digna.
Segregación socioespacial y exclusión urbana
El estudio también resalta cómo la distribución territorial de las VIS perpetúa la segregación socioespacial en Bogotá. Los subsidios se concentran en localidades vulnerables, como Ciudad Bolívar, limitando las oportunidades de integración urbana y acceso a servicios de calidad para las familias más pobres. Esto refuerza un sistema donde las comunidades de bajos ingresos quedan relegadas a zonas con menos posibilidades de desarrollo.
Propuestas para una transformación estructural
Frente a este panorama, Arias Ruiz propone una serie de medidas para garantizar que la VIS cumpla con su propósito:
- Revisión de los criterios de subsidios: Ajustar los requisitos para que las familias sin ingresos formales puedan acceder a los beneficios.
- Monitoreo y evaluación: Implementar sistemas que midan la efectividad de las políticas de vivienda, asegurando que lleguen a los más necesitados.
- Mejora en la calidad de la VIS: Ampliar el tamaño y las características de las viviendas para adaptarlas a las necesidades de familias numerosas.
- Articulación público-privada: Establecer regulaciones claras que prioricen el acceso equitativo a la VIS, equilibrando la rentabilidad del sector privado con el cumplimiento del interés social.
El desafío de la vivienda digna
El caso de Bogotá refleja los retos estructurales de la política de vivienda en Colombia. Con una amplia mayoría de las VIS siendo adquiridas por sectores que no son el objetivo de estas políticas, es evidente la necesidad de replantear las estrategias actuales.
Como concluye la investigadora, garantizar el acceso equitativo a una vivienda digna requiere un enfoque integral que reconozca las limitaciones económicas y sociales de las familias más vulnerables. Sin estas reformas, el derecho a la vivienda seguirá siendo un privilegio para unos pocos, en lugar de una realidad para todos.
(Unal)
