El Gobierno Nacional, tras diversas mesas técnicas de negociación con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ha firmado el Decreto Ley 1094 de 2024. Este decreto reconoce el Mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), otorgando a las comunidades indígenas una autonomía significativa en la gestión de sus territorios. A partir de ahora, las disposiciones tradicionales de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como la mediación en la utilización de recursos naturales, serán administradas directamente por las comunidades indígenas en sus territorios.
El decreto, compuesto por siete artículos, establece en su primer artículo que ATEA es un instrumento de derecho propio para las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del CRIC. Este mandato incluye, entre otros principios, el derecho fundamental de las comunidades indígenas a producir, consumir, transformar, distribuir y comercializar productos derivados de sus economías propias. Asimismo, otorga a las autoridades indígenas la facultad de emitir normas para la protección y gestión de sus territorios, pudiendo imponer restricciones más rigurosas en aras de proteger los espacios de vida y fortalecer la soberanía alimentaria y económica.
El alcance de estas disposiciones se extiende a los territorios ancestrales comprendidos por resguardos y reservas indígenas, así como otras tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades del CRIC. Las autoridades indígenas ahora tienen la competencia para ordenar, regular, conservar y salvaguardar estos territorios.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupación en otros sectores, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que denunció la falta de consenso en el proceso de aprobación del decreto. ANUC advierte que esta medida podría exacerbar los conflictos ya existentes en el Cauca, especialmente en lo relacionado con la posesión y tenencia de tierras, y la gestión de instituciones educativas y de salud en la región. Según la ANUC, desde 1991, la dirigencia indígena ha utilizado el concepto de "autonomía" para avanzar en la expansión de los resguardos, lo que ha generado tensiones no solo con campesinos sino también entre distintas comunidades indígenas.
Este decreto representa un cambio significativo en la política de gestión territorial y ambiental en el Cauca, otorgando a las comunidades indígenas un mayor control sobre sus recursos, pero también plantea desafíos en términos de cohesión social y resolución de conflictos en la región.
