
Con un acto de proselitismo cargado de intervenciones de distintos representantes de sectores médicos, este lunes se radicó ante el Congreso de la República la reforma a la salud, una de las más polémicas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y, de entrada, sí golpea con fuerza a las EPS, aunque matiza el lenguaje manteniéndoles el nombre.
El documento –de 180 páginas en las que se nombra 291 veces la palabra “EPS” y 30 más “entidades promotoras de salud– resume, según la ministra Carolina Corcho, en cinco puntos los principales cambios que se quieren implementar en el sistema de salud. Primero, la administración pública de los recursos públicos; segundo, el fundamento de la atención primaria en salud; tercero, la creación de un régimen laboral especial; cuarto, la salud como un determinante social; y quinto, la creación de un sistema público de información en línea.
El acto simbólico estuvo encabezado por Petro junto a la ministra Corcho, los presidentes de Senado y Cámara, la vicepresidenta Francia Márquez y la primera dama, Verónica Alcocer. Y, como es costumbre, comenzó con dos horas de retraso.
El acto terminó sobre las 06:15 de la tarde, en el despacho del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, con la firma de la ministra de Salud que marcó la radicación de la reforma con la que ahora empezará un amplio debate, no solo en el Legislativo sino en la academia, medios de comunicación y en las calles, pues el Gobierno y la oposición llamaron a movilizaciones este martes y miércoles.
A la presentación en Casa de Nariño, acudieron representantes de la Asociación Colombiana de Medicina Integral, cuya presidenta es Paula Acosta. Este diario le pidió un comentario a este gremio y a Gestarsalud (que reúne a las EPS del régimen subsidiado), pero al cierre de esta edición aún no tenían un análisis completo.
En todo caso, antes de iniciar la presentación, el senador Jonathan Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) criticó al Gobierno por lo que consideró un “show” y una “parafernalia”, pues mostró, a través de un video, que la asistencia de público no había sido masiva y que por eso tuvieron que recoger varias sillas. Pero, yendo al fondo, ¿qué plantea la reforma de Petro?
Revolcón que golpea a fondo las EPS
En primer lugar, y para poner fin a la larga especulación sobre las entidades promotoras de salud (EPS), el texto de la reforma no las elimina, pero sí las interviene con tres actividades a ejercer: primero, crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) de los territorios asignados; segundo, administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas a sus CAPS; y, tercero, ejecutar las auditorías contratadas que requiera el Sistema de Salud.
Así, se abre la pregunta sobre si el hecho de cambiarles las funciones a las aseguradoras y las reglas con las que se regirían es como si se eliminarán en la práctica y solo se les dejará el título EPS. Como lo dijo el investigador de sistemas de salud, Andrés Vecino, “las EPS no serán aseguradoras, transfiriendo el riesgo a hospitales”.
Por otro lado, busca que, a partir de que entre en vigencia la ley, “no habrá autorización de ingreso al Sistema de Salud de nuevas Entidades Promotoras de Salud”. Entre tanto, planea la creación de una serie de equipos médicos que visitarían uno a uno los hogares para identificar enfermedades y situaciones de riesgo.
Por ello, plantea que “para cada hogar todos sus miembros deberán estar afiliados en una misma Entidad Promotora de Salud”, lo que ayudaría a que los equipos médicos puedan revisar a toda la familia en una visita.
Y además se indicó que “no se podrán establecer barreras económicas para acceder a los beneficios del sistema, como copagos o cuotas moderadoras, ni se podrán establecer condiciones como preexistencias o exigir períodos mínimos de cotización”.
El Estado se mete con fuerza en el sistema
Se creará un fondo único público de salud que será administrado por la Administradora de Recursos para la Salud (ADRES). De igual manera, esta última se encargará de garantizar el flujo y la administración y control de los recursos del Sistema de Salud, así como de realizar los pagos, los giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del sistema.
Otra de sus funciones será la de realizar los contratos para garantizar a nivel nacional y regional la gestión de los recursos, el sistema de pagos y la auditoría de las cuentas, regido mediante el derecho privado atendiendo los principios de publicidad, coordinación, celeridad, debido proceso, imparcialidad, economía, eficacia, moralidad y buena fe.
Así mismo, la reforma determina que para “garantizar el goce efectivo del derecho a la salud” el Estado incidirá coordinadamente sobre los determinantes de salud para mejorar las condiciones generales e individuales de vida.
De hecho, el propio Petro ratificó esta presencia estatal cuando aseguró que el “sistema que surge de esta ley es un sistema planificado con una fuerte presencia estatal, pero mixto porque permite la presencia privada”. Y dijo que no se cerrará ningún hospital privado.
¿Nuevo régimen laboral? Esto se plantea
En consonancia con lo que pedían algunos gremios médicos y de enfermeras, la reforma estipula la constitución de una régimen especial laboral para los profesionales y trabajadores de salud. Esta deberá incluir los criterios generales para mejorar las condiciones laborales, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos. Para ello, los trabajadores vinculados a instituciones privadas y mixtas con participación del sector público inferior al 90 % estarán vinculadas mediante contrato de trabajo conforme al Código Sustantivo del Trabajo.
Del mismo modo, se habla de establecer “incentivos salariales y no salariales incluyendo el criterio de zonas apartadas y dispersas”, así como “sistemas de bienestar social aplicables a los trabajadores de las instituciones de salud”.
Facultades extraordinarias al presidente
En su artículo 151, la reforma incluye seis facultades extraordinarias para el presidente de la República durante seis meses después de que entre en vigencia la ley. La primera es expedir disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas; dictar las disposiciones laborales de los servidores públicos del sector salud para garantizar el mérito; establecer los procedimientos aplicables a las actuaciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia de Salud; modificar las normas en materia de salud; dictar las disposiciones que sean reserva de ley y que garanticen un ordenado proceso de transición del Sistema General de Seguridad Social en Salud al Sistema de Salud; así como “determinar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición”.
¿Qué pasará con los pacientes si todo esto pasa?
En el periodo de transición que plantea la reforma se espera que ningún colombiano o paciente se quede sin atención oportuna o acceso a servicios de salud. En ese sentido, las EPS no cesarán su operación en cuanto a la atención y la afiliación, hasta que se haga el tránsito de cada afiliado a los planteados centros de atención primaria en salud.
Por otro lado, los programas de medicina prepagada continúan su funcionamiento sin tener “prelación alguna”.
Así mismo, los servicios médicos a los que tiene derecho “incluye los servicios de atención prehospitalaria, de urgencias, el transporte de pacientes y los servicios farmacéuticos, orientados a garantizar el derecho fundamental a la salud”, según se lee en el artículo 80 de la ley.
FUENTE: ELCOLOMBIANO