Irregularidades se presentan en Bogotá, Cali, Villavicencio, Popayán y Nariño.
(Asocoldro La Asociación Colombiana de
Droguistas Detallistas) denunció que en Bogotá y en varias ciudades del
país se están cometiendo una serie de irregularidades en las labores de
vigilancia y control que realizan las secretarías de salud municipal, que
tienen al borde del cierre a más de diez mil droguerías a nivel nacional.
Bibiana Bueno, directora nacional
de Asocoldro, afirmó que personas que en Bogotá son contratistas los que están
visitando las droguerías para dar cumplimiento a un acta que no está aprobada
por el Ministerio de Salud y menos por el Invima, donde establecen unos
requisitos imposibles de cumplir, que afectaría con sanciones económicos y
cierres a más de mil droguerías.
“La denuncia es sobre exigencias de
condiciones, de parte de las Secretaría de Salud, de Bogotá y algunos otros casos, donde
están pidiendo requisitos incumplibles e innecesarios”, indicó.
Afirmó que estas exigencias además
podrían poner en riesgo el trabajo de los domiciliarios que prestan sus
servicios de entrega de medicamentos en las droguerías.
“En Bogotá están exigiendo que quien
entrega domiciliariamente un medicamento tenga que ser profesional de la salud,
cuando el que entrega no está dispensando, sino que entregando; que tenga la
droguería un tanque de agua, lo que no es necesario porque en las droguerías no
se fabrican medicamentos”, señaló.
Dijo que la falta de una
reglamentación del Ministerio de Salud y del Invima está generando que en las
regiones se dictan estas normas que no son aprobadas por las autoridades
nacionales de salud que van en detrimento de los trabajadores del gremio de las
droguerías.
“En Pasto se tiene un problema de
corrupción importante por los cobros de unos servicios de funcionarios
públicos, en Villavicencio, se están recogiendo medicamentos porque no cumplen
con una temperatura que no es la que exige la norma y establece que sea de 30
grados, pero la secretaria de salud dice que sea de 25 grados; en Cali, no
existe un acta de inspección vigilancia y control al ser descentralizada del
distrito capital y algunos otros casos importantes que hemos denunciado”,
explicó.
Recalcó que el Ministerio de Salud ya se
pronunció en torno al tema y rechazó estos controles irregulares. “El Ministerio
de Salud se pronunció y afirmó que en el caso de Bogotá no tienen que
estar exigiendo estos temas, mientras que el Invima apuntó que están
investigando estos casos denunciados al ser completamente irregulares”,
sostuvo.
Subrayó que en Bogotá se podrían ver
afectadas más de 1.000 droguerías que podrían ser sancionadas y cerradas. “En
Bogotá estamos hablando que más del 50% de las droguerías podrían verse
afectadas algo así como más de mil droguerías que pueden
ser sancionadas en este momento si la Secretaría de Salud, distrital, por
ejemplo, sigue tercamente pretendiendo hacer exigencias de algo que no está ni
vigente ni aprobado por el Invima”, recalcó.
Dijo que dentro de los efectos de estas
normatividades en las regiones se podrían ver afectados muchos trabajadores que
tendrían que ser despedidos de sus trabajos.
“Uno de los efectos graves es tener que
despedir a todos los domiciliarios que estén contratados directa o
indirectamente en las droguerías y farmacias en Bogotá y no tener
contratos con las plataformas que prestan estos servicios que se suman al
cierre de las droguerías porque entre más exigencias, que no tienen lógica
frente a la parte sanitaria y de seguridad de salud pública van a tener que
cerrar las droguerías en el país”, añadió.
Indicó que la petición es al Gobierno
Nacional para que, con el Ministerio de Salud, de forma conjunta, se
pueda crear un acta de vigilancia y control unificada a nivel nacional que
genere seguridad jurídica y técnica en las labores que realicen los inspectores
de vigilancia y control.
