Por las calles de Samaniego caminan policías y soldados fuertemente armados. Hacen parte del refuerzo de la seguridad que llegó a ese municipio ubicado a poco más de 100 kilómetros de Pasto, capital de Nariño, desde que los violentos les arrebataron la vida a ocho jóvenes que departían en una terraza de la población el pasado 15 de agosto. “Aquí siempre había complicaciones, pero nada como lo ocurrido ese día. Tampoco ha ocurrido nada más, parece que hubiese sido para llamar la atención”, comentó un policía forrado con un chaleco antibalas y un fusil casi más grande que él que lucía pesado.
Hasta el coliseo de ese municipio llegaron el sábado nueve miembros de la Comisión de Paz del Senado de la República, para cumplir con una audiencia pública que estaba pendiente desde el 22 de agosto pasado. En esa fecha no fue posible el viaje porque, según el senador Roy Barreras, del Partido de la U, el Ministerio de Defensa puso trabas para la disposición de un vuelo de apoyo para que los congresistas pudieran llegar de la manera más segura posible. Desde la cartera negaron esa acusación y aseguraron que la solicitud no se pudo cumplir, simplemente, porque la carta había llegado muy encima y no había disponibilidad.
Saldados todos los trámites, además de Barreras, los senadores Temístocles Ortega, Victoria Sandino, Feliciano Valencia, Guillermo García Realpe, Antonio Sanguino, Rodrigo Lara, Alexander López y Pablo Catatumbo arribaron en compañía de Jorge Enrique Calero, vicedefensor del Pueblo. Allí los recibieron las víctimas, que portaban con sus manos las fotografías de sus hijos. “Nada se ha podido saber. Tampoco ha habido mucha respuesta por parte del Gobierno Nacional. Uno anda con miedo, no se puede salir solo porque lo que les pasó a ellos le puede pasar a cualquiera de nosotros”, dijo Bairon Patiño, padre de Bairon Patiño, uno de los jóvenes asesinado.