En momentos en los que en Colombia se vuelven a discutir proyectos de reforma de la justicia –e incluso hay tres propuestas sobre la mesa–, la Contraloría General reveló un preocupante estudio que expone cómo la congestión judicial sigue afectando la administración de justicia.
Según el organismo de control, el año pasado el índice de congestión efectivo llegó al 50 por ciento. Así, el 2019 arrancó con un inventario de 1,8 millones de procesos. A eso se suma que ese año ingresaron a los despachos 2,7 millones de casos y fueron evacuados 2,2 millones. El informe asegura, además, que los juzgados acabaron con 1,9 millones de casos que quedaron para revisar este 2020.
Según el organismo de control, el año pasado el índice de congestión efectivo llegó al 50 por ciento. Así, el 2019 arrancó con un inventario de 1,8 millones de procesos. A eso se suma que ese año ingresaron a los despachos 2,7 millones de casos y fueron evacuados 2,2 millones. El informe asegura, además, que los juzgados acabaron con 1,9 millones de casos que quedaron para revisar este 2020.
Con esos datos se concluye que por cada 100 procesos que había en el 2019 en los despachos judiciales, 50 se quedaron para tramitar y resolver este 2020 (uno de cada dos), con el agravante de que por la pandemia la administración de justicia este año se ha visto afectada y podría terminar con un acumulado de casos mayor.
En la jurisdicción constitucional (la que estudia las tutelas), dice la Contraloría, el año pasado la congestión era del 39,34 por ciento; en la administrativa, que estudia los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado, llegó al 61,35 por ciento; en la disciplinaria, que administra los procesos de disciplina contra jueces, abogados y fiscales, del 61,66 por ciento. Y en la ordinaria, que resuelve los conflictos que se presentan entre los particulares, la congestión fue del 49,18 por ciento.
En la jurisdicción constitucional (la que estudia las tutelas), dice la Contraloría, el año pasado la congestión era del 39,34 por ciento; en la administrativa, que estudia los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado, llegó al 61,35 por ciento; en la disciplinaria, que administra los procesos de disciplina contra jueces, abogados y fiscales, del 61,66 por ciento. Y en la ordinaria, que resuelve los conflictos que se presentan entre los particulares, la congestión fue del 49,18 por ciento.
Las cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, incluso, son mayores. Según esta organización, la congestión en la Rama Judicial para el 2019 fue del 52 por ciento. Sus datos también muestran una realidad alarmante: en los últimos 10 años la congestión judicial no ha mejorado, sino todo lo contrario. Mientras en el 2010 el índice de congestión era del 44 por ciento, para el 2015 pasó al 45 por ciento, hasta llegar al 52,5 del año pasado.
El reporte de la Contraloría también muestra cómo se da la congestión en las diferentes especialidades en las que las salas laborales concentran el mayor número de casos, con una congestión del 58 por ciento. Le siguen las de familias, con el 51,78 por ciento; las civiles, con el 51,41 por ciento; las penales, con el 44,53 por ciento; y, por último, los juzgados promiscuos, con el 48,46 por ciento.
Esto preocupa teniendo en cuenta que las salas laborales son las que se encargan de evaluar los derechos de los trabajadores en medio de controversias entre empleadores y empleados, la seguridad social y las pensiones. De otro lado, los juzgados de familia regulan lo relacionado con herencias, divorcios, custodia de los hijos, entre otros.
Esto significa que la mayor congestión en la justicia va más allá de lo que tiene que ver con lo estrictamente penal y delictivo, y afecta en forma amplia las situaciones del día a día.
El reporte de la Contraloría también muestra cómo se da la congestión en las diferentes especialidades en las que las salas laborales concentran el mayor número de casos, con una congestión del 58 por ciento. Le siguen las de familias, con el 51,78 por ciento; las civiles, con el 51,41 por ciento; las penales, con el 44,53 por ciento; y, por último, los juzgados promiscuos, con el 48,46 por ciento.
Esto preocupa teniendo en cuenta que las salas laborales son las que se encargan de evaluar los derechos de los trabajadores en medio de controversias entre empleadores y empleados, la seguridad social y las pensiones. De otro lado, los juzgados de familia regulan lo relacionado con herencias, divorcios, custodia de los hijos, entre otros.
Esto significa que la mayor congestión en la justicia va más allá de lo que tiene que ver con lo estrictamente penal y delictivo, y afecta en forma amplia las situaciones del día a día.
