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Además, la cabeza de esta cartera ministerial señaló que “por cuanto la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), a la luz del ordenamiento constitucional no requiere permiso del Senado de la República”. Trujillo recalcó que los uniformados estadounidenses no están armados y no harán parte de las operaciones contra el narcotráfico.
Trujillo también aseguró que Colombia y los Estados Unidos tienen tres acuerdos que contemplan este tipo de “brigadas consultivas y asesoramientos en la lucha contra el narcotráfico”. El Tribunal de Cundinamarca tomó esta medida de manera temporal y aclaró que el gobierno Duque tendrá que enviar al Senado, en menos de 48 horas, “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la brigada” en cuestión.
Actualmente, a raíz de la orden judicial, las operaciones de los militares de EE.UU se encuentran suspendidas. Cuando se le preguntó al ministro cuál sería el siguiente paso del gobierno teniendo en cuenta que el Senado no estará sesionando, Trujillo señaló que en este momento se está analizando los distintos escenarios que deja el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La génesis de este controversial tema fue una tutela que interpusieron varios senadores de la oposición al gobierno de Duque para exigirle que sometiera esta decisión al aval también del Congreso, trámite que la administración Duque se negó a hacer argumentando que los militares extranjeros no participarían en operaciones, sino que prestarían asesorías, y que por eso no era necesario el aval del Congreso. El recurso fue presentado por los congresistas Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Angélica Lozano, Jorge Robledo, Gustavo Petro, Alexánder López, Feliciano Valencia, Julián Gallo, Aida Avella y Victoria Sandino.