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Hace más de dos años, cuando en el furor de la campaña presidencial el entonces candidato Iván Duque propuso seis días sin IVA al año, muchos medios especializados criticaron la propuesta y llegó a pensarse que sólo era otra más de las ideas inviables.
Para 2019, la bancada de gobierno en el Congreso insistió en el tema reduciéndolo a tres días y logró que se aprobara en la reforma tributaria de diciembre. Aunque la propuesta caló, a decir verdad nunca fue siquiera de los afectos de los mismos técnicos de las finanzas públicas del Gobierno Nacional.
La pandemia aceleró su puesta en marcha, pues la flexibilidad del estado de emergencia económica facilitó la promulgación del decreto que hizo posible que hoy ya vayamos en un segundo día sin IVA.
El debate mediático sobre la primera de estas jornadas en general se centró en los riesgos biológicos de las masivas filas de compradores que se lanzaron en manada en las grandes ciudades a aprovechar los descuentos, principalmente para comprar televisores (entre otros electrodomésticos).
No obstante, se reflexionó poco sobre los alcances reales de la medida y las dinámicas de consumismo y deuda que acompañan las imágenes virales de numerosos compradores ansiosos por la apertura de puertas de almacenes y centros comerciales.
Hay que aclarar que es innegable que para un consumidor con disponibilidad de efectivo o acceso al crédito un día sin IVA es beneficioso, pues pagará menos por un bien que tenía en sus planes de consumo futuro.
Se causa así un efecto transitorio, un beneficio individual para las personas que anticipan sus compras, pero no un efecto sostenido sobre la demanda de mediano y largo plazo porque las ventas del futuro en bienes durables ya no se realizarán.
Adicionalmente, el efecto sobre el empleo es nulo y la demanda puede llegar a caer más adelante. De hecho, políticas como los “Tax Holidays” o feriados tributarios en Estados Unidos (por ejemplo, días o fines de semana previos al comienzo de la escuela con descuentos en impuestos en algunos estados) han demostrado tener mínimos efectos de mejora sobre la economía. Un estudio de julio de 2019 de Jannelle Cammenga para Tax Foundation mostró que estos esquemas no promueven el crecimiento económico o causan un incremento significativo de las ventas, sino que representan simplemente un adelanto temporal de las transacciones. Por otro lado, sí se crean dificultades en términos de contabilidad y declaraciones fiscales futuras, además de riesgos de fraude.
