Un reciente estudio publicado en formato de libro plantea que el proyectil que acabó con la vida del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia no provino del grupo insurgente, sino de un arma oficial en poder de las fuerzas estatales durante la retoma del Palacio de Justicia. Según la investigación, el análisis balístico encontró restos compatibles con una subametralladora que únicamente el Estado tenía a su disposición.
Este planteamiento contradice la versión tradicional que atribuía la muerte a un “fuego cruzado” entre guerrilla y ejército, y reabre un debate que permanece abierto desde noviembre de 1985. La obra describe detalladamente los hechos minuto a minuto, basándose en fuentes inéditas, inteligencia artificial aplicada a imágenes de archivo y entrevistas a testigos.
Los autores advierten que más allá del dato técnico, este hallazgo tiene implicaciones profundas para la memoria histórica y la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y seguridad del país. El libro propone que, para cerrar esta herida, se necesita un reconocimiento público, la apertura de nuevos archivos y la investigación transparente de los hechos que aún no están plenamente esclarecidos.
Redaccion: Lumacastereo
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