El Tribunal Superior de Bogotá multó a la cabeza del ente investigador con 10 millones de pesos por no cumplir la orden de crear un protocolo para la protesta ciudadana. El ente investigador dice que no fue notificado del fallo y que sí cumplió la orden de la alta corte.
El Tribunal Superior de Bogotá le impuso una multa al fiscal general, Francisco Barbosa, al no cumplir con una orden que le había dado la Corte Suprema de Justicia. Según el fallo judicial, la cabeza del ente investigador no creó un protocolo que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o protestas.
Tras conocerse la noticia, la Fiscalía emitió un comunicado de prensa en el que señalan que el fallo “no fue notificado personalmente como lo indica la ley y, por ello, se afectó el debido proceso del señor Fiscal General. Una vez se notifique el contenido de la decisión judicial, se procederá a interponer los recursos de ley”. Además, agregó que la Fiscalía General sí cumplió el fallo y expidió una directiva “Por medio de la cual se establecen lineamientos para la investigación y judicialización de los delitos cometidos en el marco y con ocasión de la protesta social y se fijan otras directrices”.
El fallo judicial del Tribunal Superior de Bogotá indica que “A pesar de que tuvo la oportunidad de fabricar el respectivo protocolo junto con las otras dos entidades encargadas del cumplimiento de la misma orden, se abstuvo de proceder de esa manera con base en que no participaba en casos de capturas y traslados, tema que en atención a su cargo conoce de toda claridad, argumento que como quedó visto es infundado, y que no revela nada distinto a visos de descuido o negligencia imputable”
Este fallo nace por una acción judicial presentada por la Sociedad María Granada Castañeda en contra de la Presidencia de la República, la Fiscalía General, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Procuraduría General, la Policía Metropolitana y la Defensoría del Pueblo y que llegó hasta la Corte Suprema. La organización pedía que se garantizara la protección al derecho a la protesta pacífica en el país en 2020, una solicitud a la que el alto tribunal accedió.
“Sancionar al doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación, por desacato a la orden de tutela STC7641-2020, emitida por la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela en referencia. En consecuencia, se impone multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...) “las demás personas contra las que se abrió este incidente de desacato cumplieron a cabalidad las órdenes impartidas en la sentencia de tutela”, se lee en la decisión.