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lunes, diciembre 07, 2020

Tras la pista de policías aliados con narcos y de fuga de información reservada

Además de supuestas irregularidades en la Aviación de la Policía y en contratos para la compra de motos y carros, las presuntas alianzas ilegales de uniformados con la mafia y graves problemas en salas de interceptación serían los otros dos casos que están en la tras escena de la pelea entre el director de la Policía y el Inspector de esta entidad.

Uno de los más graves casos de corrupción que haya tenido que enfrentar la Policía es el telón de fondo de una pelea entre generales. Los pesos pesados son: el director de la institución, el general Óscar Atehortúa, y la cabeza de la Inspección de la entidad, el general William Salamanca. El juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría en contra del primero avivó los roces entre estos dos generales. Lo que hay detrás de esta pelea son procesos que investigan tanto la Inspección como el Ministerio Público y la Fiscalía. Dos de esos expedientes tienen que ver con los vínculos del Clan del Golfo y del cartel de Sinaloa con uniformados y, quizás el más grave, presuntas conductas ilegales en salas de interceptación.

En la edición de ayer, El Espectador contó pormenores de las otras dos investigaciones de corrupción. Una de ellas relacionada con la Aviación de la Policía, tan grave que la institución podría perder su licencia para volar. Y la segunda, sobre las presuntas irregularidades en millonarios contratos que ha firmado la institución, especialmente para la compra de motos, carros y tanquetas, que habrían sido adjudicados a dedo. Pero las investigaciones van más allá y las autoridades tienen información valiosa de cómo, en la Dirección Antinarcóticos de la Policía (DIRAN), existiría un grupo de uniformados al servicio de carteles de narcotráfico y a vender información recogida en salas de interceptación.

El volumen de expedientes contra policías con posibles nexos con la mafia creció a números que la Fiscalía nunca había visto. Desde finales del año pasado se dio el incremento, el cual coincidió con la llegada del general Salamanca a la Inspección General. Los fiscales que han recibido las denuncias consideran que hay una explicación muy clara de este aumento: la Policía no reportaba antes estos casos porque los investigaba de manera interna y los consideraba simplemente negligencia en el servicio de los uniformados, y no un delito. Es decir, un agente que recibía plata de un cartel de drogas por dejar pasar un cargamento de cocaína por el aeropuerto El Dorado nunca se exponía a la cárcel.
Lo que sucede con el cambio en la Inspección, agregó uno de los fiscales consultados, “es que los investigadores nos empezaron a mandar las denuncias con todas las pruebas que podían recopilar ellos mismos y claro, empezábamos nosotros el proceso penal por delitos de narcotráfico con todas las evidencias listas”. El ente investigador calcula que hay más de 520 uniformados “en capilla” para imputarles cargos por sus nexos con el Clan del Golfo o con el cartel de Sinaloa, dos de las organizaciones que tanto la Inspección de la Policía como la Fiscalía tienen plenamente identificadas como responsables de reclutar policías para “coronar” cargamentos de cocaína en Europa y varios países de Centroamérica.

Es tan alta la cantidad de drogas ilícitas que uniformados de la Policía han permitido que pasen por controles de puertos y aeropuertos, que nadie se atreve a dar un estimado. “En el fondo lo que sucede es que es una pésima reputación para la institución, pues, muchas veces, quienes reportan esas fallas de seguridad son autoridades extranjeras”, señaló una fuente de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN). Uno de los casos que ilustra esa vergüenza institucional a la que hace referencia el uniformado se conoció el año pasado en Colombia, a través de un comunicado oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

En esa misiva, las autoridades relataron el hallazgo de la Policía de España de dos toneladas de cocaína en un contenedor de tortas de palmiste que había salido del puerto de Cartagena. El producto, que tiene una textura granulada (como el ajonjolí) suele emplearse para alimentos de animales. Las autoridades extranjeras detallaron que el envío, en efecto, había sido inspeccionado por la Policía Antinarcóticos el 29 de diciembre de 2018, y que no entendían cómo se les había “pasado” semejante cargamento. Lo que internamente se pudo conocer es que en Cartagena varios policías, a propósito, ordenaron que el contenedor no pasara por el escáner y tampoco “hicieron uso del paso del canino” para que oliera la droga.

Casos como este hay cientos en la Policía Antinarcóticos. El cambio en la manera de investigarlos recargó el trabajo de la Fiscalía, pero esta quiere imponer una nueva cultura dentro de la Policía. El lío es que en la DIRAN este giro en las investigaciones se entendió como un ataque a la dirección, y no como una medida para combatir la corrupción. “En lugar de apoyar esos esfuerzos, muchos policías que han colaborado con las investigaciones han sido amenazados o trasladados”, agregó una fuente de la Fiscalía. “Aquí nadie quiere saber de corrupción en la Policía. Todos queremos que nuestra imagen mejore frente al país, pero no empezamos por limpiar nuestra casa”, señaló un uniformado.

Fuga de información

El panorama de las salas de interceptación que tiene a cargo la Policía es tal vez el más preocupante de todas las investigaciones que existen por supuesta corrupción en la entidad. Tan grave es el asunto que la Fiscalía ya está metida en los procesos, pues se trataría de una estructura de policías judiciales y oficiales de alto rango que llevarían más de cinco años chantajeando delincuentes y vendiendo información reservada a narcotraficantes y grupos armados ilegales. Según las pesquisas del ente investigador, los uniformados tenían una fachada para interceptar teléfonos en expedientes que ellos manejaban a su antojo, no para procesar a quienes escuchaban en las interceptaciones, sino para extorsionarlos.

Además, tal como lo explicó El Espectador en su edición del pasado 15 de junio, los policías vinculados a esta estructura, conocida bajo el nombre de “Negro”, también lograban apoderarse de dineros de cooperación internacional de una agencia extranjera en la lucha contra la mafia; fabricaban falsos testigos para cobrar las recompensas por incautaciones de droga, aunque en realidad estos decomisos se conseguían por la información de las líneas intervenidas; y hasta habrían “enamorado” a una fiscal especializada de la Dirección contra el Narcotráfico para que aprobara las órdenes mediante las cuales agregaban a su antojo números a las listas de interceptación.

Es decir, en esas salas de escucha nadie sabe cuáles son los números que realmente hacen parte de investigaciones contra el narcotráfico. La Fiscalía cuenta con varios testimonios de policías que les revelaron a los investigadores, con pelos y señales, quiénes son los uniformados que hacen parte de esta estructura criminal. Este diario tiene un informe que estudia la entidad que dirige Francisco Barbosa en el que se recopilaron varias declaraciones de policías que denunciaron que un coronel y un mayor de la Policía no siguieron los protocolos legales cuando, en la Sala Negro de interceptaciones, a cargo de la DIRAN, los funcionarios se dieron cuenta de que existía un posible caso de fuga de información.

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