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martes, noviembre 24, 2020

Fiscalía habría utilizado falsos testigos para afectar el Acuerdo de Paz

Presuntos testaferros de las Farc aseguran que hay más procesos que involucran falsos testigos, aparte del caso de Santrich. Sería. Algunos jueces también cuestionan el actuar de la Fiscalía, pues se formularon cargos basados en archivos desactualizados y no se siguió el tratamiento adecuado. Además, dado que el plazo para la entrega de bienes por parte de las Farc se amplió hasta el 31 de diciembre de este año, parece inconsistente que el ente de control se haya adelantado a la finalización del inventario, según una investigación revelada por el programa ‘Sigue la W’, de W Radio.

Las inconsistencias, según el documento, inician en noviembre de 2016, cuando el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, creó el Grupo de Trabajo para la Persecución de Activos Ilícitos (GEPAI). Entre las funciones del grupo estaba dar con el paradero de bienes del grupo armado en el posconflicto cuando sus miembros iniciaron el proceso de vincularse a la vida política. Los grupos de trabajo se reunirían en la Mesa de Priorización y Solución de Problemas el cual contaría con la participación del Fiscal General, el Superintendente de Notario y Registro, un representante de la Policía Nacional y otro de las Fuerzas Militares, explica ‘Sigue la W’.

Esta mesa de trabajo, además, contaría con la participación de 300 miembros del Ejércitos, la policía y la Fiscalía para recolectar y analizar la información. Pero, ninguno de ellos, salvo el fiscal Martínez, habría participado, pues tanto la Superintendencia como la Policía y el Ejército argumentaron que no recibieron ninguna citación para asistir a dichas reuniones.

Otra de las irregularidades hace referencia a la asignación del fiscal coordinador de la investigación contra los bienes de las Farc, señala ‘Sigue la W’. La designación de Nicolás Sotomonte, por parte del fiscal Martínez, nunca se realizó de acuerdo como lo estipula la ley. Este actuar irregular pone en tela de juicio la competencia que tenía Sotomonte para ejecutar el cargo.

Es así como se inició el proceso de búsqueda de los testaferros que dio como resultado 14 casos con procedimientos irregulares que evidenciarían el incorrecto actuar de la Fiscalía. Uno de ellos es el del empresario Mauricio Parra, señalado como uno de los grandes testaferros de las Farc y responsable de la muerte de Jhonny Orjuela, propietario de Surtifruver.

Parra denunció ante Sotomonte que el testigo Fernando Bahamón Céspedes, reclutado por la entonces directora del CTI y quien aseguró que Parra había recibido la orden de asesinar al propietario de Surtifruver por parte de alias ‘El Paisa’, exjefe guerrillero, le solicitaba $15 millones para no declarar en su contra ante la Fiscalía, pese a que ya lo había hecho, reiteró el programa radial.

El fiscal decidió enviar a la cárcel a Parra sin haber realizado ninguna

investigación y tomando como base el testimonio de Bahamón. Su defensa solicitó su libertad, la cual fue concebida, pero por vencimiento de términos. Parra asegura que la Fiscalía se valió de antiguos expedientes para vincularlo como testaferro e ir tras sus bienes y atacar el proceso de paz.

La credibilidad de Bahamón, supuesto desmovilizado de las Farc, se puso en tela de juicio cuando se supo que tenía “30 denuncias por delitos como estafa, falsedad material e ideológica en documento público y falso testimonio”, indicó El Espectador. También, según el diario, aseguró haber conocido a Parra en el Caguán, pero la Corte Suprema encontró documentos del Inpec que prueban su estadía en la cárcel durante ese tiempo. También, fue expulsado del proceso de Justicia y Paz pues, según investigaciones, no hizo parte de las Autodefensas. A pesar de estos antecedentes, la Fiscalía lo incluyó como testigo y lo vinculó a otros casos para acusar a presuntos testaferros que hoy se consideran víctimas.

El empresario maderero en el Amazonas Guillermo Ruíz León, también fue acusado por Bahamón, quien logró que se ejecutara la extinción de dominio de todos sus bienes avaluados en $15.000 millones. Además, en el caso la familia Chaux Gonzáles que involucró a José Hugo Chaux, su esposa Luz Stella González y su hijo José Hugo Chaux, también estuvo vinculado Bahamón. La defensa fe la familia, indicó ‘Sigue la W’, cuestionó que el testigo fuera capaz de conocer los movimientos financieros de las Farc en todo el país, “porque hasta el momento había declarado contra el Bloque Sur, el Bloque Oriental y los frentes del Amazonas y el Huila”.

Hernando Falla y Ricardo Falla, empresarios del Huila, fueron juzgados como testaferros de las Farc por Bahamón, pero en 2019 se desestimaron las pruebas en su contra y fueron dejados en libertad. En ese momento, el testigo aseguró que los empresarios tenían una estrecha relación con alias ‘El Paisa’, pues compartían información sobre personas que podían ser secuestradas.

Bahamón, también señalado por los delitos de estafa y simulación de investidura, está vinculado a 13 de los 14 casos de presuntos testaferros de las Farc y, pese a su cuestionable expediente, la Fiscalía sostiene que tiene pruebas para demostrar que aun se adelantan investigaciones contra testaferros que aumentaron sus patrimonios gracias a nexos con las Farc.

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