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miércoles, mayo 13, 2020

Procuraduría analizó millones de datos hallados en dispositivos que estaban en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá (Cundinamarca)


Qué es la Ciberdefensa y en qué se diferencia de la Ciberseguridad?

Diez discos duros, cinco celulares, ocho sim cards, 12 memorias USB, una memoria micro SD, 316 DVD y discos compactos -incluidos ocho hallados dentro de una caja fuerte color gris-, 189 páginas de documentos y cinco arduinos (placas que pueden ser programadas para Windows, Mac o softwares libres): ese fue el material que se llevó la Procuraduría de un batallón de Ciberinteligencia del Ejército el pasado 18 de diciembre, por solicitud de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.


 la información inicial que reposa en un informe de 62 páginas que le envió la Procuraduría a la magistrada Lombana el pasado 4 de mayo, justo después de que la revista Semana publicara una investigación titulada “Carpetas Secretas”, en la cual reveló que inteligencia militar del Ejército ha hecho seguimientos informáticos a más de 130 personas, entre ellas periodistas, sindicalistas y hasta políticos cercanos al presidente Duque, como el embajador Jorge Mario Eastman. El informe, conocido en su integridad por El Espectador, está también en manos de la Fiscalía.

Se trata de un reporte técnico en esencia, solicitado por la propia magistrada Lombana apenas culminó la diligencia en el Batallón de Ciberinteligencia ubicado en Facatativá (Cundinamarca). Lombana llegó allí con una policía judicial integrada por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y de la Dijín de la Policía con base en una denuncia anónima que ella recibió en su correo institucional el día anterior al allanamiento, el 17 de diciembre de 2019. En el mensaje, revelado por este diario, había detalles que llamaron su atención.

Según el anónimo, la información que reposaba en esa y otras unidades militares tenía que ver también con el caso de chuzadas desde el Ejército a personas relacionadas con las negociaciones de paz con las Farc. Un episodio conocido bajo el nombre de Andrómeda, por el cual el hacker Andrés Sepúlveda fue sentenciado a 10 años de prisión tras admitir cargos y que le generó al expresidente Álvaro Uribe una indagación preliminar que hoy está en manos de la magistrada Lombana. Con todos esos elementos sobre la mesa, Lombana terminó en el Batallón de Ciberinteligencia.


Según el anónimo, la información que reposaba en esa y otras unidades militares tenía que ver también con el caso de chuzadas desde el Ejército a personas relacionadas con las negociaciones de paz con las Farc. Un episodio conocido bajo el nombre de Andrómeda, por el cual el hacker Andrés Sepúlveda fue sentenciado a 10 años de prisión tras admitir cargos y que le generó al expresidente Álvaro Uribe una indagación preliminar que hoy está en manos de la magistrada Lombana. Con todos esos elementos sobre la mesa, Lombana terminó en el Batallón de Ciberinteligencia.

En lo que incautó la Procuraduría y sometió a análisis forense, aparece una mención específica al tema Andrómeda. Se trata de un oficio de tres páginas rotulado como “Exclusivo de Comando Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional Batallón de Inteligencia Técnica No. 3”. Fue elaborado el 24 de enero de 2014, es decir, justo un día después de que el CTI llegara a desmantelar el local que inteligencia militar había alquilado en el barrio Galerías, en el noroccidente de Bogotá, para desde allí interceptar ilegalmente comunicaciones de gente relacionada con el proceso de paz. (

El destinatario del documento, indica el informe, era el general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, un reputado oficial que participó en la Operación Jaque y, para la época en que el CTI de la Fiscalía expuso la fachada de Andrómeda, comandaba la Central Técnica de Inteligencia. El remitente del oficio era el coronel Kurman Hernán Rivera Alfonso, entonces comandante del Batallón de Inteligencia Técnica No. 3, llamado a interrogatorio cuando el escándalo por Andrómeda estalló, lo cual ocurrió en febrero de 2014. O sea, un mes después de que el CTI encontrara el sitio.

 “Rivera Alfonso [quien, al parecer, tuvo a cargo la operación Andrómeda] da un informe pormenorizado de las actividades realizadas por funcionarios del CTI el 23 de enero de 2014, en el sitio conocido como ‘Buggly Ética Hacking’ (…) lugar donde afirma el anteriormente mencionado funcionaba la fachada dentro de la operación Andrómeda”. El coronel Rivera Alfonso, por su parte, le dio instrucciones al entonces mayor Joany Alonso Guerrero “de cómo debía actuar bajo esa situación y así mismo, este último [Rivera Alfonso] reportó la situación al general [Zuluaga] vía telefónica”. (General Gonzalo García Luna: ¿uno de los hombres “bomba” del espionaje en Colombia?)

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