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jueves, marzo 26, 2020

EE.UU. acusa a Maduro por narcoterrorismo

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En las acusaciones se detalla que Maduro habría trabajado en conjunto con líderes de las disidencias de las FARC en tráfico de drogas.

Cargos por Narcoterrorismo tendrá que enfrentar el presidente de Venezuela Nicolás Maduro
Como también  aliados  Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, por este último EE.UU. ofreció 10 millones de dólares.

 Así  advirtió el senador estadounidense Marco Rubio en su cuenta twiter 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó  que ese país declarará a Venezuela como país patrocinador del terrorismo y ofreció 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, si sale de ese país.

Por otro lado  el líder chavista respondió a estas acusaciones a través de su cuenta en Twitter y una vez más denunció que desde EE.UU. y Colombia estarían conspirando en su contra. “Como jefe de Estado estoy obligado a defender la Paz y la estabilidad de toda la Patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!”.  
 Razones para decretar emergencia PIDE LA CORTE CONSTITUCIONAL  AL PRESIDENTE DUQUE 

La Corte Constitucional dio un término de tres días al Gobierno para que presente entre otras, informes sobre tasa de contagio y de mortalidad, así como su crecimiento exponencial en el país.

La Corte Constitucional SOLICITA  pruebas para determinar si el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, " el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional", cumple los requisitos de la Constitución.

Para esto dio un término de tres días al Gobierno para que presente entre otras, informes sobre tasa de contagio y de mortalidad, así como su crecimiento exponencial en el país. 

Lo más importante es que la Corte pregunta al Ministerio de Hacienda cómo las medidas identificadas en los considerandos 1 a 21 del decreto resultan adecuadas y suficientes para conjurar la crisis económica, social y ecológica o de grave calamidad pública, e impedir la extensión de sus efectos y si la disposición de los recursos a cargo de la Nación y entidades territoriales como el Fonpet a título de préstamo, afecta o no las garantías de los pensionados.

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