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lunes, febrero 10, 2020

Más de 3.000 personas están en la lista negra de abusadores de niños


En el registro aparecen los condenados por delitos sexuales contra esta población, no obstante está en vilo porque fue demandado en la Corte con el argumento de que constituiría una pena adicional a quien ya saldó su deuda con la justicia

Un poco más de 3.000 ciudadanos figuran en un registro nacional de personas que fueron inhabilitadas luego de ser condenadas por delitos de abuso a menores de edad para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con esta población.
Sin embargo esta disposición producto de la Ley 1918 de 2018, orientada a proteger la niñez, está en vilo por una demanda que resolverá la Corte Constitucional en las próximas semanas, pues los accionantes entre otras aducen que implica la exclusión social de quienes ya pagaron su pena.
Esta Ley es de autoría de la senadora conservadora Nadya Georgette Blel Scaff y se enmarca dentro de la normatividad que ha expedido el Congreso de la República para combatir el abuso y la creciente violencia contra los niños y los adolescentes en Colombia, que entre otras se contempla que no habrá rebaja de penas a los condenados por este tipo de delitos, como quedó así consignado en el Código de Infancia y Adolescencia.
La Ley 1918 de 2018 lo que hace es establecer un régimen de inhabilidades a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores, para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que tengan una relación directa y habitual con esta población.
En segundo lugar se crea el registro de inhabilidades en donde aparecen las personas condenadas por esta clase de delitos, administrado por la Policía Nacional, el cual la norma en comento obliga a las entidades públicas o privadas a verificar para constatar que no está allí el aspirante a un empleo en que se tenga relación y cercanía con menores de edad.
Igualmente la norma contempla una sanción a entidades públicas o privadas por la omisión al deber de verificar este registro, consistente en multa equivalente al valor de 50 a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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